Arequipa arrastra brechas en educación, salud, agua y seguridad que deberán ser atendidas por las próximas autoridades regionales y municipales. El deterioro de la infraestructura educativa se suma a retrocesos en vacunación, acceso al agua y aprendizajes, según informe del Instituto Peruano de Economía (IPE).

SEGÚN INFORME DE IPE

A pocas semanas de las elecciones subnacionales, las brechas en los servicios públicos de Arequipa colocan sobre la mesa una agenda que deberá ser atendida por las próximas autoridades regionales y municipales. Educación, salud, agua y seguridad concentran algunos de los principales problemas que afectan a la población y que requieren inversiones sostenidas, planificación y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Uno de los mayores desafíos se encuentra en la infraestructura educativa. En Arequipa, tres de cada diez locales escolares requieren ser demolidos y reconstruidos debido a que presentan un riesgo de colapso alto o muy alto. A ello se suma que el 28,2% de los 1 441 locales educativos evaluados no cuenta con alguno de los servicios básicos, refiere el IPE.

El deterioro de los colegios no solo representa un problema de infraestructura. Las condiciones en las que estudian los alumnos también forman parte de una brecha más amplia vinculada con la calidad de la educación. En 2025, apenas el 41,1% de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó un nivel satisfactorio en lectura, mientras que en matemática el resultado llegó al 38,5%.

Ambos indicadores muestran además un retroceso respecto de los resultados obtenidos en 2024. La situación plantea el desafío de atender simultáneamente las condiciones físicas de los colegios y los aprendizajes, especialmente en una región que necesita recuperar los niveles educativos alcanzados antes de la pandemia.

MENOS ACCESO AL AGUA

Otra de las brechas que requiere atención está relacionada con el acceso al agua. De acuerdo con cifras del INEI, la población de Arequipa que cuenta con este servicio pasó de representar el 89,5% en 2017 al 85,8% en 2025.

Esto significa que cerca de 148 mil habitantes no tienen acceso al agua, una situación que afecta directamente las condiciones de vida de las familias y puede incrementar la exposición a enfermedades cuando el servicio no reúne condiciones adecuadas de calidad y continuidad.

La reducción registrada durante los últimos años evidencia que el crecimiento urbano no ha sido acompañado al mismo ritmo por la expansión de los servicios básicos. Por ello, una de las tareas para las próximas administraciones será mejorar la planificación de las inversiones en agua y saneamiento, además de coordinar acciones con las municipalidades y las entidades responsables de la prestación del servicio.

El problema no se limita a ampliar las redes. También involucra garantizar que las inversiones respondan a las zonas con mayores necesidades y que las obras concluyan dentro de los plazos previstos.

HOSPITALES CON CAPACIDAD INADECUADA

El sector Salud también presenta importantes dificultades. En 2024, el 91,7% de los hospitales de segundo y tercer nivel de Arequipa operaba con capacidad instalada inadecuada. La cifra refleja las limitaciones que persisten en infraestructura, equipamiento y condiciones para brindar atención especializada.

A esta situación se añade una brecha en vacunación infantil. En 2025, solo el 60% de los menores de tres años contaba con sus vacunas básicas completas, porcentaje inferior al promedio nacional de 65,8%.

La baja cobertura constituye una señal de alerta para las autoridades sanitarias, debido a que la vacunación es una de las principales herramientas de prevención de enfermedades. La recuperación de las coberturas requiere no solo disponer de vacunas, sino también fortalecer el trabajo de los establecimientos de salud, los equipos de inmunización y las estrategias para llegar a los menores que permanecen fuera del sistema.

En este escenario, la agenda regional deberá considerar tanto la mejora de la infraestructura hospitalaria como el fortalecimiento de la atención primaria y de las acciones preventivas.

SEGURIDAD, OTRA PRIORIDAD

La seguridad ciudadana completa el panorama de brechas. En 2025, Arequipa registró una tasa de victimización de 33,5%, superior al promedio nacional de 27,1%. Esto significa que una proporción importante de la población declaró haber sido víctima de algún hecho delictivo.

Aunque la seguridad involucra principalmente al Gobierno nacional y a la Policía Nacional, el gobierno regional y las municipalidades también tienen responsabilidades en materia de prevención, infraestructura, equipamiento y coordinación institucional.

En ese sentido, las próximas autoridades deberán trabajar de manera articulada con la Policía, los municipios y otras entidades para fortalecer las capacidades de prevención y respuesta frente al delito.

UNA AGENDA MÁS ALLÁ DE LAS OBRAS

Las cifras muestran que el desafío para las próximas administraciones no consiste únicamente en ejecutar más presupuesto o inaugurar nuevas obras. El reto está en cerrar brechas y demostrar que las inversiones producen mejoras concretas en los servicios que recibe la población.

El Instituto Peruano de Economía (IPE), junto con otras organizaciones, plantea que la asignación de competencias y recursos entre los tres niveles de gobierno sea evaluada en función de resultados concretos. Entre las propuestas figura la creación de un mecanismo independiente que permita evaluar el avance efectivo en el cierre de brechas.

También se plantea fortalecer la rectoría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para revisar y ajustar funciones cuando existan duplicidades o problemas de capacidad, así como vincular parte de las transferencias y del financiamiento al cumplimiento de resultados verificables.

Para Arequipa, los indicadores dejan una agenda claramente identificada: colegios seguros, mejores aprendizajes, mayor cobertura de agua, hospitales adecuados, vacunación infantil y acciones efectivas frente a la inseguridad. La dimensión del problema exigirá que las nuevas autoridades definan prioridades, coordinen entre niveles de gobierno y conviertan las inversiones públicas en resultados que puedan ser medidos por la ciudadanía.