Los ciudadanos que no acudieron a votar el domingo 4 de octubre en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 pueden recibir una multa, al igual que quienes fueron seleccionados como miembros de mesa y no cumplieron con esta responsabilidad.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que las sanciones económicas se establecen de acuerdo con la clasificación del distrito según el nivel de pobreza determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), además de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente para este año.

Para los electores que no emitieron su voto, las multas son diferenciadas. En los distritos considerados no pobres, la sanción asciende a S/ 110, equivalente al 2 % de la UIT. En los distritos considerados pobres, el monto es de S/ 55, mientras que en aquellos clasificados como de extrema pobreza la multa alcanza S/ 27.50.

MULTA PARA MIEMBROS DE MESA

La sanción es mayor para quienes fueron designados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, y no cumplieron con su función durante la jornada electoral.

En estos casos, la multa establecida es de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT. Esta sanción también puede aplicarse a quienes, estando presentes en la fila de votación, se nieguen a asumir la responsabilidad de integrar una mesa cuando sea necesario.

Además, existe una situación en la que el ciudadano puede recibir dos multas. Si una persona fue designada miembro de mesa, no se presenta para cumplir su función y tampoco vota, deberá pagar tanto la sanción por no ejercer como miembro de mesa como la correspondiente a la omisión del voto.

Las multas electorales pueden cancelarse mediante la plataforma de pagos en línea habilitada por el JNE o de manera presencial en las agencias del Banco de la Nación.

El organismo electoral recordó que estas sanciones forman parte de las obligaciones establecidas por la legislación electoral y exhortó a los ciudadanos a cumplir con sus responsabilidades para evitar consecuencias económicas posteriores.

El pago de la multa permite regularizar la situación electoral del ciudadano, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades electorales.