Por Andrea Flores

La inseguridad ciudadana exige respuestas concretas, no anuncios ni adquisiciones que terminan convertidas en bienes inmovilizados. En Arequipa, mientras la población reclama mayor presencia policial frente a los robos y otros delitos, cien patrulleros comprados por el Gobierno Regional permanecen desde mayo almacenados a la intemperie en Río Seco, Cerro Colorado. Las camionetas, valorizadas en más de S/18 millones, todavía no llegan a las 58 comisarías que debían beneficiarse con su incorporación al servicio policial.

El motivo señalado es la demora en los trámites de inmatriculación y obtención de placas. Sin embargo, esta explicación abre una pregunta fundamental: ¿por qué no se previeron y resolvieron oportunamente estos procedimientos? La adquisición de vehículos para reforzar la seguridad no termina cuando el proveedor los entrega. Concluye cuando están en condiciones de circular y cumplen la función pública para la que fueron comprados.

El caso revela una deficiencia de planificación que debe esclarecerse. El Gobierno Regional solicitó adelantar la recepción de las camionetas respecto del plazo contractual, pero esa anticipación no estuvo acompañada de la misma diligencia para completar la documentación necesaria. Recibir los vehículos antes de lo previsto no constituye un logro si luego permanecen inmovilizados durante meses.

La demora también tiene un costo que va más allá de lo administrativo. Cada patrullero que continúa estacionado es una unidad que la Policía todavía no puede utilizar para sus labores preventivas. Es cierto que cien camionetas no resolverán por sí solas el problema de la delincuencia, que requiere investigación criminal, inteligencia, personal especializado y coordinación entre instituciones. Pero tampoco tiene sentido invertir millones de soles en equipamiento que no llega oportunamente a quienes deben utilizarlo.

A ello se suman las condiciones de almacenamiento. Mantener vehículos de alto valor a la intemperie obliga a preguntar si cuentan con protección suficiente frente al polvo, el sol y posibles incidentes. La custodia de estos bienes públicos debe ser una prioridad mientras se resuelven los trámites pendientes. No hacerlo podría añadir riesgos patrimoniales a una demora que ya necesita explicaciones.

La fiscalización anunciada por la consejera regional Yesenia Choquehuanca debe establecer cuándo comenzaron los procedimientos, qué documentos faltan, qué oficinas son responsables y por qué no se completaron antes de recibir las unidades. No basta con identificar el obstáculo: corresponde determinar responsabilidades y fijar plazos verificables para superarlo.

El Gobierno Regional debe informar cuándo distribuirá los patrulleros y garantizar que las 58 comisarías beneficiarias puedan incorporarlos efectivamente a sus operaciones. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con una inversión superior a S/18 millones y cuándo comenzará a producir resultados.

La seguridad no puede depender del ritmo de una oficina ni quedar supeditada a trámites que debieron anticiparse. Los recursos públicos deben traducirse en servicios concretos. Mientras los patrulleros sigan estacionados en Río Seco, la inversión permanecerá sin cumplir su propósito y la población continuará esperando una respuesta que ya fue financiada, pero todavía no llega a las calles.