Las camionetas valorizadas en más de S/18 millones permanecen a la intemperie en Río Seco, mientras los trámites de placas impiden que lleguen a 58 comisarías de Arequipa.

EN RIESGO DE DETERIORARSE POR EL SOL Y EL POLVO

La delincuencia y la inseguridad ciudadana continúan entre las principales preocupaciones de los arequipeños, pero la respuesta del Estado vuelve a tropezar con su propia burocracia. Desde mayo, cien patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) permanecen almacenados a la intemperie en Río Seco, en Cerro Colorado, sin incorporarse al servicio policial. Las camionetas están equipadas con logotipos institucionales, circulinas y radios de comunicación, pero todavía no pueden ser distribuidas a las comisarías porque siguen pendientes los trámites de inmatriculación y obtención de placas.

La situación evidencia una preocupante falta de previsión administrativa. Mientras los ciudadanos demandan mayor presencia policial, patrullaje preventivo y capacidad de respuesta frente a robos, extorsiones y otros delitos, vehículos comprados precisamente para reforzar la seguridad permanecen inmovilizados. No se trata de unidades que todavía deban fabricarse o trasladarse a la región: los patrulleros ya fueron entregados al Gobierno Regional y están físicamente en Arequipa. El problema es que no se ha completado el procedimiento necesario para ponerlos en circulación.

La adquisición comprende cien camionetas 4×4, valorizadas en más de S/18 millones, destinadas a fortalecer el trabajo de 58 comisarías de la región. El proyecto se ejecutó mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), bajo un convenio firmado el 10 de febrero entre el GRA y Maquinarias S. A.

De acuerdo con los plazos contractuales, la entrega debía concretarse a mediados de septiembre, luego de 210 días calendario. Sin embargo, el Gobierno Regional solicitó acelerar el proceso para recibir las unidades varios meses antes. Aunque consiguió disponer anticipadamente de los vehículos, no logró resolver oportunamente las gestiones administrativas para su distribución a la Policía Nacional.

CINCO MESES SIN ENTRAR EN SERVICIO

La consejera regional por Caylloma, Yesenia Choquehuanca Cruz, cuestionó la demora tras realizar una visita de fiscalización al Almacén Central de Maquinaria Pesada, ubicado en Río Seco. Allí comprobó que las camionetas permanecen estacionadas sin techo que las proteja de la exposición al sol y al polvo.

“Han transcurrido cinco meses desde la entrega de estas camionetas y aún no se entregan. Sabemos que existe demora en la tramitación de placas, por lo que exigimos a la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias que acelere los trámites”, manifestó.

La explicación relacionada con la inmatriculación y las placas no elimina la necesidad de establecer por qué las gestiones no se resolvieron a tiempo. Si el Gobierno Regional decidió adelantar la recepción de los vehículos, también debía garantizar que las condiciones administrativas estuvieran listas para utilizarlos o que se completaran en un plazo razonable.

Recibir bienes antes de la fecha contractual puede parecer un avance, pero el beneficio se diluye cuando permanecen almacenados y no cumplen la finalidad para la que fueron adquiridos. En este caso, la anticipación no se ha traducido en más patrullaje ni en una mayor capacidad operativa para las comisarías beneficiarias.

La demora resulta especialmente cuestionable porque la seguridad ciudadana exige coordinación, planificación y decisiones oportunas. Cada vehículo que no sale a patrullar representa una capacidad operativa que la Policía todavía no puede aprovechar. No significa que la entrega de las camionetas, por sí sola, vaya a resolver la criminalidad, pero sí que los recursos públicos deben utilizarse sin retrasos administrativos evitables.

VEHÍCULOS EXPUESTOS Y RESPONSABILIDADES PENDIENTES

A la demora se suman las condiciones en las que permanecen las unidades. La custodia está a cargo del personal de Equipo Mecánico, pero Choquehuanca advirtió que la vigilancia sería insuficiente y que los vehículos están expuestos a posibles robos y otros incidentes.

El almacenamiento a la intemperie también plantea interrogantes sobre el cuidado de bienes públicos de alto valor. Las camionetas representan una inversión superior a S/18 millones y deberían contar con condiciones adecuadas de protección mientras se completan los trámites. Mantenerlas estacionadas sin resguardo suficiente añade riesgos a una demora que ya requiere explicaciones.

La consejera anunció que promoverá acciones de fiscalización para determinar las responsabilidades y establecer qué oficinas o funcionarios debían garantizar la culminación de los procedimientos.

“Se deben determinar las responsabilidades y emitir el informe de fiscalización a quien corresponde”, sostuvo.

La investigación deberá precisar cuándo se iniciaron los trámites de inmatriculación, qué documentos están pendientes, quiénes tienen a su cargo resolverlos y por qué no se completaron antes de la recepción anticipada de los patrulleros. También corresponde establecer si existieron deficiencias en la coordinación con la empresa privada y qué medidas se adoptaron para proteger las unidades durante su permanencia en el almacén.

LA INSEGURIDAD NO PUEDE ESPERAR

El caso pone en evidencia una contradicción entre el discurso institucional sobre el fortalecimiento de la seguridad y la capacidad real para ejecutar las medidas anunciadas. La compra de cien patrulleros constituye una inversión importante, pero su utilidad depende de que las unidades lleguen a las comisarías, cuenten con la documentación necesaria y sean incorporadas efectivamente al patrullaje.

El Gobierno Regional debe informar con claridad cuándo culminarán los trámites y establecer un cronograma verificable para distribuir las camionetas. También debe garantizar su adecuada custodia y transparentar las responsabilidades por la demora.

La inseguridad no se combate con vehículos estacionados ni con adquisiciones presentadas como logros administrativos. Se necesita que los recursos públicos se traduzcan en acciones concretas, capacidad operativa y protección para la población.

Mientras los patrulleros continúen guardados, las 58 comisarías destinatarias seguirán esperando una herramienta que debería estar contribuyendo a su trabajo. Y los ciudadanos continuarán expuestos a una realidad que exige respuestas inmediatas, no más demoras burocráticas.