El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, fue incluido en una denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, en agravio del Estado, por presuntas irregularidades en la licitación de la vía departamental AR-109, que conecta los distritos Majes, Lluta y Huambo. La denuncia se sustenta en un informe de Contraloría que advierte un perjuicio económico potencial de S/ 18,2 millones y en la contratación tardía de la supervisión externa, formalizada más de un año después del inicio de la obra.

El Informe de Control Específico N.° 026-2026-2-5334-SCE, emitido el 23 de septiembre de 2026, observó el proceso de selección que otorgó la buena pro al Consorcio Majes 4 por S/ 185,8 millones. De los 11 postores que participaron en la licitación, el comité de selección admitió únicamente a la empresa ganadora. La Contraloría determinó que varios competidores debieron ser admitidos o recibir la oportunidad de subsanar errores formales. Dicha acción excluyó a consorcios con ofertas económicas menores, lo que generó un perjuicio potencial de S/ 18 millones 246 mil 334 del erario regional.

El informe identificó presuntas responsabilidades administrativas funcionales y penales en Alexander Anahua Maquera, Luis Bautista Condori y Alipio Cayo Huanca; integrantes del comité de selección. Sin embargo, el consejero regional César Huamantuma Alarcón considera que la investigación no debe limitarse a funcionarios, sino que también debe establecerse la responsabilidad de la máxima autoridad regional. “Consideramos que hay responsabilidad por parte de la autoridad política, pues es quien finalmente dirige el Gobierno Regional de Arequipa”, sostuvo.

El otro argumento que respalda la denuncia es el retraso en la contratación de la supervisión externa. La ejecución de la vía comenzó formalmente el 17 de junio de 2025, pero el Gobierno Regional recién suscribió el contrato con el Consorcio Supervisor Caylloma el 10 de julio de 2026, por S/ 3 millones 186 mil 10. Durante más de un año, la obra avanzó con inspectores del gobierno regional. Huamantuma Alarcón cuestionó esta situación y pidió que se investigue cómo se permitió la ejecución sin ese control. “La Fiscalía tiene que determinar si aquí hay delitos que se hayan cometido al permitir que una obra se ejecute sin la supervisión debida”, sostuvo. 

La denuncia solicita que el Ministerio Público investigue tanto las presuntas irregularidades en la adjudicación como las circunstancias en las que se ejecutó la obra sin supervisión externa. El contrato de supervisión tiene vigencia programada hasta el 30 de agosto de 2027. Para el legislador regional, ambos hechos deben ser evaluados en conjunto para determinar si existen responsabilidades penales que alcancen a otros funcionarios.