MINEM anuncia fin del Reinfo y

formalización minera en 18 meses

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, confirmó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá el 31 de diciembre de 2026 y anunció que el Gobierno implementará un nuevo procedimiento para formalizar a los mineros que mantienen su inscripción vigente.

Según explicó el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el mecanismo comenzará el 1 de enero de 2027 y tendrá un plazo de hasta 18 meses. La medida estaría dirigida a alrededor de 30 mil trabajadores mineros y buscaría simplificar los trámites para avanzar en su incorporación a la legalidad.

Durante una entrevista con Exitosa, Shinno sostuvo que el vencimiento del Reinfo también pondrá fin a la protección legal asociada a este registro. Según indicó, el mecanismo actual permite que personas vinculadas con actividades de minería ilegal continúen operando, incluso frente a posibles denuncias por delitos ambientales.

El anuncio se produce en medio del debate sobre la formalización minera y los mecanismos de control de las actividades extractivas que operan fuera de la legalidad. El nuevo procedimiento deberá precisar los requisitos, las condiciones de acceso y los mecanismos de supervisión para los trabajadores comprendidos.

CENSO

El ministro también informó que el Gobierno realizará un censo de los trabajadores mineros, iniciativa que busca contar con información más precisa sobre las características y condiciones de esta actividad en el país.

De acuerdo con Shinno, el proyecto superó obstáculos relacionados con su financiamiento y organización, luego de que se aprobaran recursos adicionales y se suscribiera un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Esta entidad estará a cargo del levantamiento de información, que permitirá disponer de datos para orientar las políticas públicas relacionadas con el sector.

La culminación del Reinfo y la puesta en marcha de un nuevo proceso de formalización representan dos medidas anunciadas por el Ejecutivo frente a una problemática que involucra a miles de trabajadores y plantea desafíos en materia de fiscalización ambiental y control de la minería ilegal.

Sin embargo, los resultados dependerán de la implementación del nuevo procedimiento, de la capacidad de supervisión estatal y de que las condiciones para la formalización sean claras y verificables.