TITULO MAS CORTO, DIRECTO Y DE IMPACTO

12 millones fuera

de la formalidad

El Perú tiene una deuda social que no puede seguir ocultándose detrás de las cifras de recuperación económica: más de 12 millones de trabajadores carecen de empleo formal. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), aproximadamente el 70 % de la población ocupada trabaja en la informalidad. Son millones de personas que laboran sin garantías suficientes, sin protección social y, en muchos casos, con ingresos que apenas permiten cubrir las necesidades básicas de sus familias.

El problema no es nuevo, pero su persistencia revela la incapacidad del país para construir un mercado laboral que ofrezca oportunidades y derechos. La informalidad no puede entenderse únicamente como una decisión individual de quienes trabajan al margen de la legalidad. También es consecuencia de una economía que no genera suficientes puestos de calidad, de barreras que dificultan la formalización y de políticas públicas que no han conseguido revertir esta realidad.

Es cierto que existen señales alentadoras. El empleo formal crece y los ingresos laborales muestran una recuperación. Sin embargo, estos avances no deben servir para minimizar una situación estructural. Mientras siete de cada diez trabajadores permanezcan en la informalidad, no habrá razones suficientes para hablar de un mercado laboral saludable. El crecimiento económico pierde parte de su sentido cuando no se traduce en mejores condiciones de vida para la mayoría.

La situación de los jóvenes es todavía más preocupante. Tres de cada cuatro jóvenes ocupados trabajan informalmente y el país aún registra 330 mil empleos juveniles menos que en 2019. Quienes deberían encontrar en el trabajo una oportunidad para independizarse, desarrollar sus capacidades y construir un futuro terminan atrapados en ocupaciones precarias o enfrentando dificultades para acceder a su primera experiencia laboral.

Arequipa tampoco puede permanecer al margen de este desafío. Su actividad minera, industrial, comercial, agrícola y de servicios debe contribuir a generar oportunidades laborales de calidad. Para ello, es necesario vincular la formación técnica y universitaria con las necesidades productivas, facilitar la incorporación de los jóvenes al empleo y promover condiciones que permitan a las pequeñas empresas formalizarse sin quedar asfixiadas por trámites y costos difíciles de asumir.

El Estado debe revisar la eficacia de sus políticas. Fiscalizar es necesario, pero no basta con sancionar a quienes incumplen. Se requiere simplificar procedimientos, fortalecer la capacitación, mejorar la intermediación laboral y ofrecer incentivos verificables para la contratación formal, sin convertirlos en subsidios permanentes ni debilitar los derechos de los trabajadores.

La responsabilidad también alcanza al sector privado, que debe comprender que la competitividad no puede sostenerse sobre empleos precarios.

RESALTAR

La verdadera recuperación económica no se mide solamente por cuántos puestos se crean, sino por las condiciones en que se trabaja. Mantener a millones de peruanos fuera de la formalidad significa perpetuar la desigualdad y limitar el desarrollo nacional. El país necesita empleo digno, productivo y protegido. Lo contrario es condenar a otra generación a vivir sin la seguridad que el trabajo debería garantizar.