La Fiscalía de la Nación dispuso realizar actuaciones previas tras una denuncia contra la presidenta Keiko Fujimori, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, y anteriores titulares del sector, por la permanencia de María Caruajulca en el cargo de procuradora general del Estado. La investigación preliminar también comprende a los expresidentes José Jerí y José Balcázar.

La denuncia fue presentada por el abogado Ángel Alegre Sierra, quien atribuye a los funcionarios presuntos delitos de omisión de actos funcionales y encubrimiento personal. El letrado sostiene que las autoridades debieron evaluar la destitución de Caruajulca debido a cuestionamientos relacionados con información consignada en su declaración jurada.

De acuerdo con la publicación, hace dos años se conoció que la procuradora habría omitido declarar que tenía un proceso penal pendiente. Aunque durante este año fue absuelta respecto de ese asunto, la denuncia sostiene que la omisión de información quedó acreditada y debía motivar una evaluación sobre su permanencia en el cargo.

La disposición fiscal fue emitida el 21 de octubre por el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. En el documento se señala que resulta viable realizar actuaciones previas antes de determinar la calificación correspondiente a una denuncia.

Como parte de estas diligencias, el Ministerio Público solicitó documentación al Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte, a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Las instituciones requeridas deberán remitir la información solicitada dentro de un plazo de cinco días, con el propósito de reunir elementos que permitan evaluar los hechos denunciados.

La disposición no implica que los denunciados hayan sido declarados responsables de algún delito. Las actuaciones previas buscan recopilar información y determinar los pasos fiscales que correspondan.

El caso coloca bajo revisión la actuación de distintas autoridades frente a los cuestionamientos sobre la procuradora general del Estado. La eventual adopción de medidas dependerá de la evaluación de los documentos y de las decisiones que adopte el Ministerio Público conforme al procedimiento legal.