Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Jaime Quito lo acusan de infringir la Constitución por presentar denuncias disciplinarias contra magistrados ante la Junta Nacional de Justicia.

Una denuncia constitucional fue presentada contra el senador de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi Capurro por presuntas infracciones a la Constitución. Los denunciantes, Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Jaime Quito, solicitaron a la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitir a trámite el recurso y evaluar su suspensión e inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de hasta diez años.

El documento sostiene que, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, Rospigliosi presentó denuncias disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra al menos siete integrantes del sistema de justicia. Según los promotores de la acusación, estas actuaciones habrían vulnerado disposiciones constitucionales y afectado la independencia de los magistrados.

Entre los jueces comprendidos en las denuncias figuran Richard Concepción Carhuancho, Jorge Chávez Tamariz y Miluska Cano López. También se menciona a la fiscal superior Rosario Quico Palomino, además de otros magistrados.

De acuerdo con los argumentos expuestos, el entonces presidente del Congreso presentó denuncias contra los jueces Concepción Carhuancho, Chávez Tamariz, Cano López, Verapinto Márquez y Llerena Lezama por presuntamente inaplicar las leyes N.º 32107 y N.º 32419.

Estas normas están relacionadas con la prescripción y la amnistía de delitos de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno.

Los denunciantes consideran que las acciones emprendidas por Rospigliosi contra los magistrados constituyen materia de responsabilidad constitucional y justifican que el Congreso investigue su actuación.

La denuncia deberá ser evaluada por la Comisión de Acusaciones Constitucionales, instancia que determinará si corresponde admitirla y continuar con el procedimiento parlamentario. La eventual suspensión o inhabilitación no es automática y dependerá del desarrollo del proceso y de las decisiones que adopte el Congreso.