El organismo electoral establece que los primeros regidores que ejercieron como alcaldes en el periodo anterior no podrán recibir credenciales ni asumir el cargo por sucesión.

La gobernabilidad de la capital se encuentra en el centro de la tensión política después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableciera un criterio definitivo para cerrar el paso a la llamada reelección encubierta de autoridades municipales. Mediante un pronunciamiento encabezado por su secretaria general, Yessica Clavijo, el máximo organismo electoral determinó que aquellos primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo inmediato anterior no recibirán las credenciales para asumir nuevamente el cargo ni podrán acceder a este por sucesión, un lineamiento que busca frenar los vacíos legales detectados en diversos puntos del país.

Esta disposición afecta de manera directa las aspiraciones políticos de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima tras la renuncia del candidato inicial a la alcaldía. Aunque la fórmula partidaria resultó vencedora en los comicios, la interpretación constitucional del Pleno del JNE deja en debate e impide que el líder político reciba las credenciales para asumir el sillón municipal, abriendo el camino para que la segunda regidora hábil sea quien ocupe la máxima autoridad edilicia de la capital tal como lo prevé la normativa electoral.

La decisión del organismo electoral surge tras evidenciar que distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) venían emitiendo fallos dispares y sin un criterio unificado frente a los intentos de continuidad. Mientras algunos jurados como el de Ica rechazaban de plano entregar la alcaldía a quienes ya ejercían el cargo, otros despachos en regiones como Chiclayo y Lima habían procedido a proclamar a alcaldes en funciones como primeros regidores bajo argumentos administrativos o tras renuncias de candidatos, acumulándose una veintena de casos a nivel nacional que generaron incertidumbre jurídica.

Ante este escenario de resoluciones descentralizadas y contradictorias, el Pleno del JNE optó por uniformizar los criterios en estricto cumplimiento del artículo constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los alcaldes. La medida no solo frena el caso de Lima, también ordenará corregir de inmediato seis situaciones específicas donde los JEE ya habían proclamado resultados en jurisdicciones como Recuay en Áncash, San Jerónimo de Tunán en Junín, La Esperanza y Víctor Larco Herrera en La Libertad, Zapatero en San Martín, y Condorcanqui en Amazonas, donde los segundos regidores asumirán formalmente las alcaldías.

Con esta intervención, el JNE zanja el debate sobre los vacíos generados por renuncias de candidatos a la alcaldía y jugadas de plancha que buscaban perpetuar a los burgomaestres salientes en los concejos municipales. La medida además de impedir que asuman la gestión en el periodo 2027-2030, los inhabilita también ante eventuales sucesiones por vacancia o suspensión, marcando un precedente estricto en la fiscalización electoral que reconfigura el mapa de gobierno en diversas municipalidades del país, con especial impacto en el escenario político limeño.