Dieciocho personas que prestaron servicios al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) mediante órdenes de servicio obtuvieron puestos bajo el régimen CAS en las oficinas de Logística, Contabilidad y Tesorería. Los antecedentes económicos de 17 de los seleccionados suman S/958 960 en contrataciones con la misma entidad, antes de incorporarse a su estructura administrativa mediante el último concurso público.

Uno de los casos es el de Víctor Zanabria Bacigalupo, quien trabajó durante 15 meses como asistente administrativo del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). Su contratación fue observada por la Contraloría porque no cumplía el perfil requerido para el puesto y porque su remuneración se financió con recursos destinados a proyectos de inversión, algunos de ellos paralizados.

Pese a que el GRA comunicó su cese tras conocerse las observaciones, Zanabria Bacigalupo volvió a prestar servicios a la entidad mediante dos órdenes de servicio de S/5 000 cada una, destinadas al sellado y foliado de comprobantes de pago. Posteriormente, postuló a una plaza de asistente de Tesorería y obtuvo una de las diez vacantes disponibles, con una calificación de 90,33 puntos. Según las bases del concurso, percibirá S/3 500 mensuales hasta diciembre.

Los antecedentes contractuales también alcanzan a las otras dos dependencias. En Logística, cuatro de los seleccionados registraron contrataciones por S/241 000; en Contabilidad, cinco acumularon S/351 750. A su vez, ocho trabajadores que ingresaron a Tesorería registraron servicios previos por S/366 210. En conjunto, los montos individualizados corresponden a 17 personas, por lo que no representan necesariamente el total contratado por los 18 beneficiarios identificados.

El concurso público fue convocado el 2 de octubre para cubrir 111 plazas bajo el régimen CAS. Sin embargo, la información difundida sobre las tres oficinas presenta una diferencia en el número de puestos considerados. Inicialmente se mencionan 21 plazas, pero el desglose posterior consigna 18 adjudicadas a antiguos proveedores, tres a postulantes sin vínculos previos con el GRA y dos declaradas desiertas. Por esta inconsistencia no es posible establecer con certeza qué proporción de las plazas adjudicadas corresponde a antiguos proveedores.

La incorporación de estos trabajadores vuelve relevante la revisión de los criterios aplicados en el concurso, especialmente en los casos de quienes ya habían prestado servicios a las mismas dependencias del GRA. Sus antecedentes contractuales y el cumplimiento de los perfiles exigidos constituyen aspectos centrales para evaluar la transparencia del proceso de selección.