REPORTAN 1 455 CASOS EN 2026

Deficiencias en UGEL retrasan sanciones

a docentes denunciados por violencia escolar

Desde 2023, las unidades educativas de Arequipa arrastran problemas en sus comisiones de procesos administrativos. En 2026, el SíseVe registra 1 455 casos de violencia escolar, de los cuales 389 involucran agresiones atribuidas a personal educativo contra estudiantes. La Defensoría advierte que la falta de sanciones y separación preventiva expone a los menores.

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La falta de capacidad para procesar y sancionar denuncias por violencia escolar se ha convertido en una deficiencia persistente en el sistema educativo de Arequipa. Desde 2023, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) presentan problemas en la conformación de las comisiones encargadas de tramitar los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS), situación que prolonga las investigaciones y dificulta la aplicación de medidas disciplinarias contra docentes denunciados.

La jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi Tejada, alertó que algunas comisiones funcionan sin todos sus integrantes y otras carecen de secretarios técnicos, pese a que la normativa permite que estas responsabilidades sean asumidas por trabajadores administrativos. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) atribuyó estas falencias a dificultades de contratación y restricciones presupuestales, pero los problemas continúan sin resolverse.

La funcionaria cuestionó que la falta de acciones concretas termine favoreciendo la impunidad. “Con su inacción las mismas UGEL recaen en omisión de funciones, creando impunidad al permitir que docente o administrativo no sean adecuadamente sancionados”, sostuvo.

La dimensión del problema se refleja en las cifras de violencia escolar registradas durante 2026. De acuerdo con el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe), del Ministerio de Educación, Arequipa acumula 1 455 reportes. De este total, 1 066 corresponden a agresiones entre estudiantes, mientras que 389 involucran hechos atribuidos a trabajadores de instituciones educativas contra escolares.

Los registros también evidencian la gravedad de las agresiones: 698 reportes corresponden a violencia psicológica, 515 a violencia física y 242 a violencia sexual. Estas cifras muestran que los conflictos y ataques dentro de los centros educativos no se limitan a enfrentamientos entre alumnos, sino que también comprometen a integrantes del personal educativo.

Aunque los reportes no equivalen necesariamente a casos concluidos con responsabilidad administrativa o penal, representan una alerta sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y protección.

DOCENTES DENUNCIADOS SIGUEN EN LAS AULAS

Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría es la falta de separación preventiva de docentes denunciados por violencia contra estudiantes. Sarayasi Tejada precisó que esta medida de protección no debe depender de la conclusión de un proceso administrativo sancionador, debido a que su finalidad es evitar que los menores permanezcan expuestos a posibles nuevas agresiones.

“No puede ser que se esté esperando a que haya un procedimiento sancionador para separar al docente”, manifestó.

La demora en adoptar medidas preventivas, sumada a las dificultades para conformar las comisiones PAS en las distintas UGEL, genera un escenario en el que las denuncias pueden permanecer sin una respuesta oportuna. La Defensoría considera que las autoridades educativas deben actuar con celeridad para proteger a los escolares y garantizar que las investigaciones se desarrollen sin poner en riesgo a las víctimas.

DENUNCIAS QUE NO LLEGAN OPORTUNAMENTE

Otro problema identificado es la falta de reporte inmediato de las denuncias por parte de directores y promotores de instituciones educativas. La Oficina Defensorial recibió reclamos de padres de familia que, ante la ausencia de respuestas de los colegios, terminaron acudiendo a las comisarías para formalizar las denuncias.

Sarayasi Tejada indicó que su despacho realiza un seguimiento de aproximadamente tres meses por cada caso. Sin embargo, cuestionó que, incluso después de las intervenciones defensoriales, no se concreten sanciones contra docentes de colegios públicos ni respuestas efectivas frente a las instituciones educativas privadas involucradas.

La funcionaria agregó que, hasta la fecha de la entrevista, la GREA y las UGEL no habían comunicado a su despacho la imposición de sanciones por casos graves de violencia física y sexual contra escolares.

El panorama evidencia que la problemática no corresponde únicamente a una UGEL, sino que involucra el funcionamiento del sistema educativo regional. La falta de presupuesto, personal y mecanismos eficientes de investigación no puede convertirse en una justificación permanente para postergar la protección de los estudiantes.

RESALTAR

Con 1 455 reportes de violencia escolar en Arequipa durante 2026, la Defensoría exige que las autoridades educativas fortalezcan las comisiones sancionadoras, implementen medidas preventivas y garanticen que las denuncias se investiguen y resuelvan. La protección de los escolares no puede quedar supeditada a la burocracia administrativa.