–Redacción Diario El Pueblo–

Análisis contable pretende determinar origen de decenas de miles de soles y si existe desbalance patrimonial.

El Equipo Especial de la Fiscalía contra la corrupción del poder dispuso que se revisen las cuentas contables de Yenifer Paredes, Lilia Paredes y otros involucrados en el supuesto ofrecimiento de obras de agua potable y saneamiento a los pobladores de San Miguel, Chota en Cajamarca.

El fiscal Jorge García ordenó que los investigados presenten documentos, laboral, contable, económico y financiero del 2019 al 2022 sobre sus ingresos, egresos, propiedades, negocios y empresas que habrían registrado como persona natural o en representación de persona jurídica, según el documento obtenido por Expreso.

Asimismo, los investigados deberán informar el origen de los fondos con los cuales se habrían efectuado adquisiciones (de ser el caso) o aportaciones al capital social en dicho período solicitado.

La Fiscalía pretende determinar si el origen o destino del patrimonio de los investigados (ruta del dinero) es de origen ilícito y esto se podría identificar con las operaciones o transacciones realizadas en el sistema financiero, bancario o comercial.

ACUSACIÓN

El pasado 28 de agosto, el juez Johnny Gómez ordenó 30 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, mientras es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Gómez declaró que en el caso de Paredes se cumple el supuesto del peligro de fuga y que hay una baja calidad de arraigo domiciliario, familiar y laboral, al argumentar su decisión.

Yenifer tiene 26 años y es la hermana menor de la primera dama, de 49.

Sin embargo, las figuras del presidente y su esposa se asemejan más a las de sus padres, no solo por la diferencia de edad sino porque se crio con la pareja desde niña como una hija adoptiva.

Y, para la fiscalía, es una pieza clave de la red de corrupción y lavado de activos supuestamente dirigida por el jefe de Estado peruano y que este niega rotundamente que exista.

Los fiscales señalan a la primera dama como coordinadora del grupo criminal y a tres cuñados del presidente como testaferros, entre ellos Yenifer Paredes.

Acusan a varias personas del círculo cercano del presidente de haber dirigido empresas ficticias.

Y la cuñada habría ayudado al propietario de una de esas compañías a obtener contratos de obras públicas pese a carecer de los recursos económicos y la experiencia para llevarlas a cabo, según la fiscalía.

Los otros colaboradores del presidente presuntamente vinculados a la trama son un sobrino que ejercía de asesor, el exministro de Transporte -ambos prófugos de la justicia- y un exsecretario presidencial.