Por: Andrea Boccardi

La respuesta al sida está en peligro debido a la persistencia de desigualdades que son evitables. En el 2021 murieron 650,000 personas en el mundo por causas relacionadas con el sida y se produjeron 1.5 millones de nuevas infecciones por el VIH. En América Latina, el número de infecciones anuales por el VIH ha aumentado durante la última década. La pandemia del covid-19 y otras crisis mundiales han afectado los servicios de salud, incluidos los programas de prevención y tratamiento del VIH, y disminuido las inversiones públicas en VIH. Millones de vidas están en riesgo. Es urgente actuar ya.

El Perú tiene una epidemia del VIH ‘concentrada’ en poblaciones clave con alta prevalencia. En el 2021 se registraron alrededor de 940 muertes relacionadas con el sida, 5,500 nuevas infecciones y se estima que 98,000 personas viven con VIH. En los últimos 10 años, las nuevas infecciones en el Perú se han incrementado en 31%, mientras que las muertes por VIH se han reducido en 29%, en gran parte por la alta cobertura de tratamiento antirretroviral (80%). Estas cifras evidencian la necesidad urgente de invertir en programas de prevención combinada para reducir las nuevas infecciones que estén enfocados y diferenciados para las poblaciones clave y prevenir la transmisión colocando a las personas con VIH en tratamiento antirretroviral inmediato a su diagnóstico para alcanzar una carga viral indetectable (indetectable = intransmisible).

ONUSIDA informa que es posible acabar con las desigualdades que frenan los avances para poner fin al sida si se toman acciones inmediatas de parte de las autoridades nacionales y se integran las comunidades con VIH en la planificación e implementación de intervenciones de impacto basadas en evidencia. Propone, primero, incrementar el acceso, la calidad de los servicios de tratamiento, diagnóstico y de prevención del VIH, en el primer nivel de atención de salud, próximo a las poblaciones más afectadas. Segundo, reformar las leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y tomar acciones contra el estigma y la exclusión que enfrentan las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y las poblaciones marginadas. Tercero, garantizar el acceso a innovaciones de tratamiento y prevención y un acceso igualitario a los avances científicos en VIH y nuevas tecnologías, como el PrEP (Preexposición). Cuarto, promover nuevas inversiones estratégicas y eficientes de los presupuestos nacionales, para cerrar las brechas en la atención, tratamiento y prevención del VIH.

Acabar con el sida para el 2030 será posible si el Estado acelera sus esfuerzos e incrementa los recursos para reducir las desigualdades en el acceso a servicios de salud integral de calidad y sin discriminación.