Por: Christian Capuñay Reátegui

El país atraviesa por un período complicado de conflictividad. En diversas regiones, grupos de manifestantes están recurriendo a la violencia en contra de la vacancia del expresidente Pedro Castillo y para exigir el cierre del Congreso.

La situación se torna cada vez más peligrosa. Al momento en que escribo ya son seis las personas fallecidas y ni siquiera el anuncio de la presidenta Dina Boluarte de adelantar las elecciones generales al 2024 parece disipar los ánimos caldeados.

Quienes impulsan estas acciones coinciden en un fuerte rechazo hacia el Congreso. Podría decirse que tal animadversión no es gratuita. El Parlamento se ha convertido en una de las entidades del Estado más desprestigiadas. Los escándalos que envuelven a algunos de sus integrantes, así como la idea de que muchos de ellos solo velan por intereses particulares, han abonado a su mala imagen entre la ciudadanía. Habría que agregar que cierto sector del Congreso promovió cambios a la Constitución con el fin de convertirla en un instrumento funcional a sus intereses políticos.

Al margen de tales cuestionamientos, resulta indiscutible que la democracia es inviable sin el Congreso. Por lo tanto, exigir su cierre no es factible.

Por el contrario, la población debería organizarse para interpelar al Legislativo, pero no reclamando su cierre, sino en demanda de la aprobación de las reformas que el país necesita con urgencia para optimizar nuestro sistema político y evitar nuevos descalabros como el que acabamos de padecer tras el intento fallido de Castillo de quebrar el orden constitucional.

Como manifesté hace algún tiempo en este espacio, es dudoso que quienes ahora controlan el Parlamento tengan interés genuino en impulsar reformas porque estas le restarían influencia a sus grupos. En palabras llanas, es casi imposible que los reformadores se reformen a sí mismos.

Por consiguiente, la presión ciudadana debería manifestarse con contundencia para exigir reformas esenciales. Por ejemplo, es urgente restablecer el equilibrio de poderes, alterado en los últimos meses con el claro objetivo de restarle margen de maniobra al Ejecutivo. Asimismo, es necesario fijar causales objetivas a la vacancia por incapacidad moral, y abordar el tema de la cuestión de confianza.

Del mismo modo, el Parlamento tendría que aprobar su renovación por tercios, a fin de apartar a aquellos legisladores que no cumplen sus funciones con eficiencia y dignidad, así como eliminar el voto preferencial, entre otros. Si surgiera un movimiento ciudadano de acción contundente como el que estamos viendo en varios puntos del país (aunque por supuesto sin actos de violencia), los congresistas no tendrían más opción que escuchar el clamor y poner en debate temas que contribuirían a darle mayor estabilidad a nuestro sistema político.