Por: Por Carlos Hakansson – El Montonero

El Consejo de Ministros aparece en la Constitución peruana de 1856 con la finalidad de estimular las relaciones Ejecutivo-Legislativo. La Constitución de 1860 consolida su presencia a la vez que pone fin a la pugna entre las constituciones liberales y conservadoras, dándose paso a la progresiva incorporación de instituciones parlamentaristas en nuestra peculiar forma de gobierno (interpelaciones, preguntas, cuestión de confianza, moción de censura, disolución parlamentaria, etcétera).

Sobre la conformación del Consejo de Ministros, la ausencia de un sistema de partidos dio lugar a estilos diferenciados para conformar los gabinetes. Podemos identificar tres tipos distintos: cuadros políticos, nombramiento de técnicos para cada sector y designación de personas funcionales al régimen. Los primeros fueron el rasgo de los gobiernos en los años ochenta, donde los partidos dominaban la escena (Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Partido Aprista Peruano e Izquierda Unida). Los políticos que encabezaban los ministerios no necesariamente eran especialistas de la cartera asignada, al punto que no faltaba quien era trasladado de uno a otro sector del gobierno en más de una oportunidad.

Los técnicos aparecen en primera fila desde los años noventa: especialistas para conducir la cartera ministerial, que en su momento el cambio fue novedoso. En la actualidad observamos que se ha instalado un tercer perfil, los ministros funcionales al plan de gobierno importando menos si son, o no, conocedores de los problemas del ministerio, pero leales al líder del partido o el jefe de Estado.

El perfil del político de partido, el técnico en gestión pública y el miembro funcional al régimen difieren uno de otro. El primero se caracteriza porque goza de más arraigo en el territorio patrio para la discusión de los temas nacionales desde la representación política, y solo saldría a vivir fuera del país si es forzado a pedir un asilo político. Entre los técnicos distinguimos aquéllos que, durante su gestión ministerial, hacen suficientes méritos para impulsar su empleabilidad en el extranjero, ya sea en algún organismo internacional o, dentro del país, como miembro de un directorio empresarial. Se caracterizan por ejecutar un plan personalista.

Los leales al régimen son proclives a ser lobistas y practican el tráfico de influencias; para todo lo demás son funcionales para implementar el plan de gobierno, importando menos sus antecedentes personales y profesionales. Es un perfil tan nuevo como polémico por obvias razones, al punto que la reacción del Congreso fue la aprobación de un proyecto de ley que exige un mínimo de condiciones para ejercer el cargo, el cual fue observado por el presidente de la República e intentará aprobarse por insistencia en el Legislativo.

Los miembros de toda la administración pública deben ser preparados y capacitados permanentemente. La Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), entidad que forma parte de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, es una joven institución adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros que tiene la finalidad de formar los cuadros técnicos para dotar a los funcionarios con las competencias necesarias para la gestión pública y el servicio a la ciudadanía. El enfoque de su modelo educativo reconoce que es susceptible de cambios para su mejoramiento.

Al respecto, consideramos que la experiencia de la Academia de la Magistratura, para la impartición de cursos a nivel nacional a jueces y fiscales, podría replicarse para la formación continua de los servidores públicos en todos sus niveles. Con el paso del tiempo, se espera que los primeros frutos del ENAP sea el progresivo mejoramiento de los funcionarios públicos. Y además debería brindar insumos a los candidatos a cargos políticos, que también deben conocer el debido funcionamiento de la cosa pública.