Por: Luis Alberto Chávez Risco

Cuando un régimen democrático se pervierte en el camino, cambia las reglas de juego, somete los poderes del Estado –en primer lugar, el Poder Judicial para liberarse de molestosas investigaciones y sanciones–, restringe o desaparece la libertad de expresión y pasa a tener el control absoluto de la gestión económica, estamos ante un modelo de autoritarismo competitivo (Levitsky y Way, 2010).

Nadie discute el origen democrático de estos gobiernos. Nacen al fragor de una campaña muchas veces polarizada, con discursos ideologizados y propuestas populistas que logran convencer a ciudadanos desinformados, masas pobres con escasa educación que esperan resultados y soluciones inmediatas.

Ganan en la cancha, pero golpean en la mesa. La forma de hacerlo es casi siempre mediante una asamblea constituyente, que empieza por agudizar las contradicciones, acompañada de una narrativa basada en la necesidad de refundar el país a través de un nuevo pacto social con derechos sociales, políticos y económicos, garantistas al máximo en el papel. En el fondo, un cajón de sastre.

Autoritarismo competitivo fueron la Venezuela de Chávez-Maduro, la Bolivia de Evo-Arce, y el Ecuador de Correa. El Perú de Fujimori fue el embrión de esta desviación de los estándares de la democracia representativa, en la que todo el poder recae en el presidente de la República, por lo que también se la conoce como democracia delegativa (O´Donnell, 1994).

El Perú de Castillo intentó llevar al país por esta senda, buscando que el poder “emanara” de las bases, para ser luego “delegado” en el presidente. Pretendía así establecer una democracia delegativa y hasta cierto punto plebiscitaria, poniendo como justificación de la toma de sus decisiones la consulta permanente al pueblo.

En abril del 2022 un proyecto de ley del Ejecutivo reformaba la actual Constitución, incorporando un artículo 207°, que autorizaba “someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente”. La propuesta no pasó, como sabemos, pero el 7 de diciembre del mismo año, en la proclama de golpe de Estado fallido, se volvió a la carga: “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.

La asamblea constituyente y la concentración del poder forman parte de la construcción del nuevo régimen autoritario competitivo. Pero pasar de un gobierno democrático a un gobierno autoritario requiere un mínimo de destrezas y competencias, que no es del caso. El golpe de Estado fue producto de una propia incompetencia. Sin cuadros ni preparación no es posible instalar un autoritarismo competitivo. A lo mucho alcanza para intentar un autoritarismo incompetente.