— Redacción Diario El Pueblo —

En, aproximadamente, 3 meses el expresidente peruano, Alejandro Toledo Manrique estaría en el Perú. En horas de la noche de ayer, el Ministerio Público informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU) aprobó el pedido de extradición planteado por el Estado peruano. Toledo Manrique es investigado por la justicia peruana por haber cometido los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

SERÁ JUZGADO POR LA JUSTICIA PERUANA

La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía realiza las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición de Alejandro Toledo.

A Toledo se le investiga por dos casos. Se trata de los denominados Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, por este el Ministerio Público postuló una pena de 20 años y 6 meses y de 16 años y 08 meses de cárcel, además del caso Ecoteva.

La acusación también alcanza a Avraham Dan On y Sergio Bravo Orellana, además de Alberto Pasco – Font Quevedo, Marcos de Moura Wanderley y Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. – Sucursal Perú.

LA EXTRADICIÓN

El especialista, Ivan Meini, explicó a un medio de comunicación de Lima que el proceso de extradición no tendría porqué ser demorado, es que ya no hay recursos legales que lo retrasen.

«En los próximos días u horas a nivel de gobierno se deben poner de acuerdo y la forma de articular que Toledo regrese al Perú y responder por los grandes cargos que se le atribuyen», aseguró el abogado penalista.

Señaló, también, que la extradición es un proceso que tiene puntos jurídicos y políticos. La última decisión tanto del estado requirente (Perú) a través de Cancillería y en este caso el estado requerido (Estados Unidos). Después de que un juez la aprueba, el departamento de Estado autoriza en última instancia y concede la extradición.

El Departamento de Estado de EE. UU. verificó que hay pruebas que revelan que no existe una persecución política hacia Toledo al ser una persecución judicial por las evidencias que se encontraron, indicó Ivan Meini.

De otro lado, Meini precisó que es muy posible que la Fiscalía pida la prisión preventiva en contra de Toledo para seguir con las indagaciones.

La prisión preventiva es una medida que permite que el investigado no evada la acción de la justicia ya sea entorpeciendo las indagaciones o escondiéndose de ella.

“Es altamente probable que el Ministerio Público, a raíz de la contundencia de los indicios y el peligro de fuga de Toledo, pida una detención preventiva en su caso. Al expresidente Toledo ya no le beneficia ninguna prerrogativa porque ya pasó el plazo de cinco años desde su gobierno como establece la Constitución. Por tanto, va a estar sometido a las reglas de cualquier ciudadano de a pie», concluyó.

Fue el pasado 28 de diciembre de 2017, cuando la Fiscalía presentó ante el juez Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición de Alejandro Toledo. Y se admitió el pedido el 19 de febrero de 2018.