— Redacción Diario El Pueblo —

La Fiscalía de la Nación realizó, ayer martes, diligencias de exhibición de documentos en la sede de la Región Policial Lima. Esto en el marco de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios de su gestión por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y otros.

Durante cuatro horas el personal del Ministerio Público estuvo dentro de la sede policial y las diligencias fueron lideradas por la fiscal adjunta provincial de Enriquecimiento Ilícito y denuncias constitucionales, Karen Oliva Chávez.

Esta presencia de la Fiscalía en la Región Policial Lima también se debió por las investigaciones en la intervención en la Universidad San Marcos, ocurrida el pasado 21 de enero y en la cual se detuvieron a 205 personas que fueron liberadas dos días más tarde.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso el 10 de enero pasado iniciar una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En este proceso también se ha incluido a Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en la quincena de diciembre.

Hasta el momento se han reportado 60 muertos desde el inicio de las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Los primeros decesos se dieron en Andahuaylas, luego en Arequipa, Ayacucho, Junín, Lima y Puno. Esta última región es la que tuvo la mayor cantidad de víctimas porque ocurrieron 20 decesos.

La presidenta Dina Boluarte anunció la mañana de ayer martes la convocatoria, en los próximos días, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), con la finalidad de adoptar medidas urgentes, concretas y drásticas contra la delincuencia común y el crimen organizado.