— Redacción Diario El Pueblo —

El despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ayer al Congreso un documento para que determine la posibilidad de solicitar el impedimento de salida del país contra la investigada expremier y congresista, Betssy Chávez, por el fallido golpe de Estado. Así lo anunció el fiscal adjunto Marco Huamán Muñoz.

El representante del Ministerio Público (MP) explicó a RPP que, debido a que la ex primera ministra afronta un antejuicio político en el Parlamento, le corresponde a este poder del Estado el trámite del mencionado requerimiento.

“El Ministerio Público ya ha cursado un documento al Congreso, que tiene facultades para tramitar un impedimento de salida contra la investigada congresista Betssy Chávez. Emitida la resolución de acusación constitucional, el MP recupera esa competencia para tomar alguna medida coercitiva, personal o real”, comentó.

Huamán Muñoz explicó que, con la solicitud de impedimento de salida del país, se busca que Chávez Chino afronte en Perú las investigaciones por los supuestos delitos de rebelión y conspiración.

“Ahora mismo, el despacho de la fiscal de la Nación ha ingresado un documento al Congreso de la República para que, dentro de sus facultades exclusivas y excluyentes, determinen la posibilidad de solicitar un impedimento de salida del país para la congresista Betssy Chávez a efectos de asegurar su permanencia en el país y su participación en la investigación que se le viene siguiendo”, precisó.

Finalmente, el fiscal adjunto afirmó que la Fiscalía está a la espera de que el Congreso determine si acusa constitucionalmente a la expremier por el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Después del anuncio del fiscal supremo, se conoció el oficio enviado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al presidente del Congreso, José Williams, en el que piden al Parlamento adoptar medidas ante la posible fuga de los exfuncionarios.

El miércoles 8 de marzo, la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió una alerta migratoria en contra de la expremier Betssy Chávez y los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, tras un pedido formulado por la congresista de Avanza País.

La solicitud se realizó luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobara el informe final que recomendaba acusarlos constitucionalmente por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el 7 de diciembre.