Por: Guillermo Vidalón – El Montonero

El ataque sistemático a la minería genera muchas reflexiones en torno a las decisiones del Poder Ejecutivo. especialmente lo que algunos han denominado la captura y descabezamiento del ministerio de Energía y Minas para ponerlo al servicio… ¿de quién o de quiénes? A ello se suma la inacción de las autoridades ante las flagrantes violaciones del Estado de Derecho, la perturbación del orden público, la agresión violenta contra instalaciones de uno de los sectores económicos que más recursos genera para financiar el desarrollo nacional y cerrar aquello que se ha denominado: “las brechas sociales.”.

Primero fue la ex presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien ¿premeditadamente o no? con conocimiento o sin ello, anunció el cierre de algunas operaciones mineras, ocasionando –quizás sin proponérselo– que grupos radicales reciban ese mensaje como la disposición del gobierno para dar rienda suelta a su proceder vandálico.

Después se produjo el reiterado ataque a la mina Las Bambas y la suscripción de un acta entre las autoridades del gobierno que proporciona defensa legal a quienes violan la ley. Es decir, agreden a un ciudadano que paga sus impuestos y las autoridades de gobierno deciden proporcionarle protección y asesoría legal a quien viola la ley. ¿Complicidad, protección a los criminales, disposición superior para que los encargados de cumplir la ley no ejerzan sus funciones? No podemos determinarlo en estas líneas; pero estas acciones generan el cuestionamiento y la desaprobación creciente de la ciudadanía.

Tercero, el ataque del radicalismo va pasando a mayores, Siguieron las minas Apumayo, Antamina, Hochschild Mining, Hudbay, Cerro Lindo y, ahora, Cuajone. En esta última mina, lo más grave es que los grupos radicalizados decidieron violentamente cerrar las válvulas que permiten la conducción del agua, comprometiendo la vida y la salud de los trabajadores y sus familias, quienes residen en el campamento minero del mismo nombre.

Nos preguntamos si resulta razonable que el Estado abandone a su suerte a 5,000 peruanos que trabajan honestamente por el bienestar de sus familias. Asimismo, que otros miles de trabajadores indirectos vean en riesgo su fuente de ingresos y las de su entorno. Y todo porque el cabecilla de un grupo reducido de personas los ha movilizado para ejercer chantaje, bajo la oferta falaz de conseguir un pago de miles de millones de dólares.

¿Quiénes se benefician con el ataque a la minería nacional cuando los precios de los metales se han incrementado (ya sea por el conflicto bélico en Europa , porque la mayoría de países ya han levantado las restricciones que se establecieron como producto de la pandemia del COVID-19)? Siendo el Perú el segundo mayor productor de cobre del mundo, si disminuye la producción nacional es lógico que los precios se elevarán aún más y el primer productor será el más beneficiado; en este caso, Chile.

Algunos suspicaces dirán que a Bolivia se le ofrece salida al mar por territorio peruano y al camarada “Santiago Boric” se le recibe destruyendo la producción minera nacional.