Por: Rubén Quiroz Ávila – Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario

Cada dos años la Sunedu difunde un documento que nos da referencias valiosas del estado de las universidades peruanas. Se recoge información y se la presenta vinculando ello al proceso denominado reforma universitaria. El supuesto es que después de la Ley Universitaria vigente, las instituciones universitarias mejoraron sus posiciones en conjunto y se reorganizaron, optimizando sus recursos. Parte de ello es cierto.

A la vez, este informe nos notifica que la situación aún está con graves brechas tanto sociales como académicas. Recordemos que a un tercio de las universidades existentes no se les dio el licenciamiento. Eso dejó la oferta en un poco más de 90 entidades y aún así son insuficientes para cubrir la demanda de nuestra población juvenil. Somos uno de los países latinoamericanos que cubre apenas el 30% de aquellos que podrían estudiar en educación superior. Eso significa que un gran sector no accede al sistema educativo universitario, ocasionando una cadena de oportunidades perdidas.

Las universidades públicas tienen mayor grado de selectividad que las privadas. De cada seis postulantes ingresa uno; en cambio, en las privadas casi todos ingresan. A la vez, nos indica que la demanda no es satisfecha con la oferta actual, desaprovechando el talento nacional porque el sistema no promueve incorporar la mayor cantidad de individuos idóneos y competentes.

En el 2020, el 50% de los jóvenes de familias que tienen mayor ingreso accedieron a la universidad. Sin embargo, los de menores ingresos solo el 11%. Además, más del 65% estudian en las privadas y los restantes en las públicas. Eso demuestra la gran inequidad de la educación superior peruana. En la práctica, es un modelo de exclusión naturalizado. Los que tienen menos recursos estarían condenados a no tener acceso a la universidad. Por ello, es fundamental para dar vuelta a esa grave situación que se amplíen las vacantes en las universidades públicas y se abran más sedes a escala nacional. Es absurdo que estén concentrados en un solo campus y una sola región. Es paradójico y atenta contra una situación de oferta equitativa que las universidades que registran su origen en Lima no puedan abrir filiales en provincias. Es arbitrario que aquellas que declaran ser originarias de provincias sí puedan abrir locales en Lima y otras regiones. Surge un desequilibrio tal que ha distorsionado la competencia y favorecido la exclusión de los sectores más vulnerables.

El informe indica que las lenguas originarias son factores que influyen para la deserción e inaccesibilidad. Nuestra riqueza lingüística no ha tenido un respaldo instituido en el espacio universitario. Lo que debería ser una ventaja diferencial y un elemento positivo es una dificultad. Las brechas persisten, hemos avanzado muy poco en lograr que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de una formación universitaria. Eso nos pasará la factura.