Por: Carlos Meneses

“Nuestra Fiscalía, nuestro Poder Judicial, a ellos llega nuestro trabajo, que es la captura de los delincuentes, y ellos tomarán acciones de acuerdo con las disposiciones vigentes. Pero, por favor, no los dejen salir. Debemos trabajar de manera articulada contra la delincuencia!”, dijo el ministro del Interior, Vicente Romero.

El Poder Judicial y los demás órganos competentes deben efectuar una investigación contundente en el caso de la suboficial PNP Olenka Dayanne Cabrera Machacuay, quien murió durante una intervención a una banda criminal en Juliaca.

Es necesario que el Poder Judicial y el Ministerio Público apoyen y refuercen el  trabajo policial frente la delincuencia común y organizada, y no poner en libertad a los criminales que son capturados por las fuerzas del orden.

La Policía logró detener ese mismo día al delincuente  Kevin Chávez Colquesaña, presunto integrante de la banda que causó la muerte a la suboficial; sin embargo él fue  detenido en febrero pasado en Arequipa y se solicitó entonces detención preliminar en su contra, pero fue dejado en libertad por orden del juez.

La joven integrante de la Policía Nacional recibió el fin de semana un impacto de bala durante el enfrentamiento con los delincuentes y falleció horas después en el hospital, lo cual es una demostración que la inseguridad en el país aumentó y requiere de un trabajo responsable, transparente de todos los operadores de justicia en el país.

La ciudadanía exige que todos los que forman parte de la cadena de justicia, desde los policías, fiscales, jueces e incluso los agentes del Instituto Nacional Penitenciario, deben dar muestra de un trabajo transparente en favor del país.

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior anunció una iniciativa que permita evitar estos “malos pasos” en la cadena de justicia y lograr un trabajo articulado en favor de la lucha contra la delincuencia e inseguridad en el Perú.

La inseguridad sube el costo de las inversiones. El crimen y la violencia no solo es un lastre fiscal que quita recursos para otras necesidades sociales como la Educación y la Salud; socava el estado de derecho. Sabemos que la inseguridad es uno de los mayores retos de desarrollo que enfrentan nuestro país.