Por Christian Capuñay Reátegui

Determinado sector político busca cambiar la Constitución con la finalidad de incluir a las autoridades de los organismos del sistema electoral en el grupo de altos funcionarios pasibles de ser sometidos a un proceso que podría concluir en su destitución.

Se trata del mismo segmento que hace poco denunció un fraude en los comicios generales del 2021, cuya existencia no pudieron probar.

Dicho sector tiene importante presencia en el Congreso donde a la fecha han presentado seis proyectos de ley con ese planteamiento.

De acuerdo con la mayoría de los análisis, el objetivo es en primer lugar retirar del cargo al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, a quien responsabilizan por el revés que sufrieron en los comicios del 2021. Asimismo, se buscaría ejercer control sobre los organismos electorales al contar con la potestad de cesar a sus titulares.

Tal escenario, de concretarse, implicaría menoscabar la independencia del sistema electoral dado que los responsables del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estarían sujetos a la voluntad de grupos políticos que, como hemos visto, no aceptan la voluntad popular expresada en las urnas si es que no es de su agrado.

La transparencia de los resultados electorales también quedaría comprometida. Qué pasaría, por ejemplo, si durante el transcurso del conteo de los sufragios se decide retirar del cargo, bajo cualquier pretexto, a los funcionarios mencionados.

No se trata de defender a una persona. Se trata de preservar la institucionalidad. Resulta contraproducente buscar eliminar del juego al árbitro porque no nos gusta el resultado del partido. Esa conducta solo intensifica el daño a la ya maltrecha institucionalidad y es lamentable comprobar, una vez más, que intentos así provienen de sectores llamados a fortalecerla.

Es cierto que los hombres pasan y las instituciones quedan, pero también es verdad que el trabajo del JNE, de la ONPE y del Reniec en los comicios del 2021 ha sido reconocido como un ejemplo de transparencia y eficiencia por el conjunto de observadores nacionales e internacionales que llegaron al país para vigilar el proceso. Si hay que retirar a sus responsables que sea en un escenario justificado, con base legal y constitucional, y no en función a una inquina política. Además, cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al Congreso abstenerse de adoptar cambios que debiliten la autonomía e independencia del sistema nacional electoral.

Aunque parezca un idealismo inocente, es necesario exigir en el Perú una política reformadora, cuya acción fortalezca la democracia y la institucionalidad, y que no haga más profunda la brecha en la que están cayendo desde hace tiempo.