Por César Gutiérrez – El Montonero

La “muerte cruzada” anunciada por el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, con la que ha cerrado la Asamblea Legislativa y que ha devenido en una convocatoria a elecciones generales, es parte de un largo proceso de investigación periodística que comprometía a su enemigo político Rafael Correa. Pero una derivación de esta investigación, usada por las huestes de Correa, ha jaqueado a quien menos se pensaba: al actual mandatario. 

La investigación la inició hace aproximadamente 12 años quien hasta antes de los debates de la acusación al presidente Lasso presidía la comisión de fiscalización de la Asamblea ecuatoriana, el periodista Fernando Villavicencio. En sus trabajos había señalamientos de operaciones de Petroecuador que involucraban exportaciones, entre otros países, al Perú a través de Petroperú. 

Villavicencio, muy acucioso en su labor, llegó a publicar en el 2013, un libro sobre el tema de la corrupción en Petroecuador, llamado Ecuador made in China, en el que denunciaba las triangulaciones que se hacía con el petróleo ecuatoriano vendido a Petrochina principalmente, y que en el discurso oficial del “correísmo” estaba destinado para ser usado directamente en refinerías ubicadas en China. 

La denuncia era que el crudo no terminaba en China sino en Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile; utilizando de intermediario a la multinacional Gunvor, donde el personaje clave era el ciudadano canadiense Raymond Kohut, que en base a la investigación de Villavicencio y el FBI fue detenido en Nueva York en el 2021, y se declaró culpable ante un juez de Brooklyn de sobornos por 20 millones de dólares (MMUS$) a favor de funcionarios de Petroecuador y 52 MMUS$ a terceros que facilitaron cuentas en paraísos fiscales. 

En la explicación de la trama corrupta, se involucró a la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que intervenía en dar el servicio de fletes marítimos en las exportaciones de crudo, para lo que subcontrataba embarcaciones de terceros pagando sobreprecios, y cobrando por el servicio precios menores al costo, en perjuicio del estado ecuatoriano. Esta práctica continuó con Lenin Moreno y durante la gestión de Lasso se renovó contrato, lo que se ha utilizado para el juicio político contra él. 

Es evidente que el presidente de Ecuador está utilizando la muerte cruzada para evitar ser acusado y destituido en el juicio político, todo indica que su contabilización de votos lo hacía prever que le iría mal y ha usado un mecanismo que le proporciona la constitución de Ecuador, aunque los “correistas” tienen una interpretación particular y sostienen que se está mal utilizando el mandato constitucional. 

Hay lecturas desde diversos ámbitos de lo que viene ocurriendo, personalmente me quiero referir al interés periodístico de investigación iniciado hace 12 años, donde se enfrentó al poder político de Rafael Correa y al poder económico de la multinacional de Gunvor, muy distinto a lo ocurrido en Perú, donde el operador Raymond Kohut fue un visitante frecuente a nuestro país, a razón de 6 veces por año durante por lo menos el período 2017-2020, mientras Petroperú tenía a su empresa como proveedor vip. 

El año pasado, durante la presidencia de Humberto Campodónico en la petrolera estatal se mencionó que habían contratado a un estudio de abogados americano para que indague las adquisiciones de crudo y combustibles. Sería bueno que la Contraloría General de la República haga de conocimiento público los términos de referencia de dicha contratación, para saber si se estaba indagando el tema de fondo que era el accionar de Gunvor, o se le ha puesto condiciones laxas. 

Lo grave de la corrupción en torno a las operaciones de Petroecuador, que ya involucra a los expresidentes Correa y Moreno, y ahora ha terminado el mandato del presidente en ejercicio; amerita una alerta de las autoridades peruanas, dada su relación con Perú que es un comprador de los crudos Oriente y Napo, que se produce en zonas amazónicas del Ecuador.