Por Erika Romero D.

En Yarabamba 42 personas no pudieron demostrar vínculo laboral. Al no tenerlo, además de causar un perjuicio económico, todos los informes elaborados por ellos carecerían de validez.

OCI DETECTÓ QUE PERSONAL TRABAJA SIN CONTRATO

El incumplimiento de las disposiciones estatales y el indebido uso del dinero de todos los peruanos es una conducta que se repite en los  municipios distritales de Yarabamba y Paucarpata.

En ambas comunas sus respectivos órganos de control institucional (OCI) detectaron el ingreso de personal sin un contrato, esto además de ocasionar un perjuicio económico puede provocar que los actos administrativos emitidos por estas personas sean anulables.

SIN CONTRATO

El 16 de mayo pasado fiscalizadores del OCI dieron cuenta de que en el edificio edil de Yarabamba trabajaban 8 personas que no tenían un documento que acredite el vínculo laboral.

Asimismo, detectaron a otras 19 que realizaban trabajos en las inmediaciones de la sede municipal. Estos últimos tenían la tarea de cumplir labores de apoyo en: supervisión de obras, técnico para biblioteca, inspección en obras en general, levantamiento de inventario, apoyo en el área de Recursos Humanos, en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, asistente personal de la arquitecta Milagros, apoyo en obras privadas y finalmente, en el área de ecología y medio ambiente.

Para verificar que no existan más casos como el descrito líneas arriba, los auditores del OCI requirieron a la Unidad de Abastecimientos les facilite las órdenes de servicio del personal administrativo desde el inicio de gestión. Esto es enero de este año hasta el 24 de mayo.

La respuesta del citado despacho fue que hubo 15 personas más que prestaron servicio sin una orden vigente.

“En tal sentido, existen de 42 personas que no cuenta con documento que acredite el vínculo laboral con la Entidad, así como, 2 personas que señalan que, no se les emitió ordenes de servicio por labores efectivas y 8 personas que no se ubicaron las ordenes servicios vigentes, dicho hecho podría ocasionar el uso inadecuado de los bienes, el acceso a información propia de la entidad, así como posibles de sanciones legales y nulidad de los actuados”, precisa el informe del OCI de la Municipalidad Distrital de Yarabamba al que tuvimos acceso.

EN PAUCARPATA

La gestión del alcalde Marco Anco necesitaba reiniciar los trabajos en 2 obras que quedaron detenidas. Se trata del mejoramiento de los servicios educativos en la I.E. Divino Corazón de Jesús y la creación de servicios de recreación pasiva en el AA. HH cerro Huacsapata.

En el requerimiento se precisó que se necesitaba de una persona que organice e identifique los antecedentes de la obra, convoque a una reunión técnica al consorcio ejecutor para identificar las razones por las que se dejaron de hacer las labores de construcción y conducir la reunión de coordinación técnica. Zacarías Olvea Soto fue el profesional que se contrató para realizar las labores señaladas y por ello le pagaron 6 mil soles.

Los problemas empezaron cuando Olvea Soto alcanzó el informe de los servicios desempeñados, estos no coincidían con lo requerido en la orden de servicio signada con el Nº 000154 del 7 de febrero de 2023.

Por ejemplo, se precisa en el reporte de Contraloría que, coordinó el pago de 9 valorizaciones relacionadas con a obra el en AA. HH Cerro Huacsapata. Lo más grave es que en las órdenes de servicio emitidas por la comuna de Paucarpata se detalla que fueron dos locadores diferentes a los que se les encargó la reactivación de las 2 obras antes citadas, pero de la revisión de los papeles administrativos internos solo se puede precisar con certeza que fue uno, Zacarías Olvea.

Para los auditores del OCI los hechos ocurridos en la Municipalidad Distrital de Paucarpata vulnera lo establecido en la directiva de contrataciones de bienes y servicios por montos menores a 8 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) aprobada en esa comuna el 12 de marzo de 2021.

Ambos hechos muestran que las autoridades ediles no son diligentes en el adecuado manejo del dinero del Estado y el cumplimiento de las disposiciones que rigen en la administración pública, convirtiendo a las instituciones estatales en una suerte de agencia de empleos que manejan como mejor les parece.