El Ministerio Público alega que se trata de una investigación compleja y que aún está pendiente la culminación de una pericia contable, las declaraciones de exejecutivos de  Odebrecht, entre otras diligencias.

El Ministerio Público solicitó al  Poder Judicial que ordene ampliar por 36 meses adicionales la investigación preparatoria seguida al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, y otros por el  caso Gasoducto Sur Peruano vinculado a Odebrecht.

Durante una audiencia virtual, realizada el último 3 de agosto, la fiscal adjunta Patricia Castañeda sostuvo que están pendientes una serie de diligencias que resultan necesarias para cumplir el fin de esta investigación, cuyo plazo inicial de 36 meses venció el 30 de junio.

La magistrada precisó que se trata de una investigación compleja en la que falta culminar una pericia contable, adquirir softwares para sacar copias espejos a 133 dispositivos electrónicos que fueron incautados durante allanamientos a inmuebles vinculados a los investigados.

Además de la respuesta a requerimientos de información a otros países vía asistencia judicial internacional, recibir declaraciones de un grupo de exejecutivos de la  empresa brasileña Odebrecht y su traducción respectiva, dar trámite a procesos de colaboración eficaz, entre otras diligencias.

Al respecto, la defensa legal de 11 investigados formuló oposición al requerimiento que hizo la representante del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, para que se disponga la prórroga por tres años del plazo de esta investigación preparatoria, que se inició el 27 de abril del 2020.

Tras haber escuchado a las partes, el juez Leodan Cristóbal Ayala anunció que notificará su decisión dentro del plazo de ley.

Cabe precisar que la Fiscalía investiga al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, exministros y otras 27 personas, así como a una persona jurídica, por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

El exmandatario y su esposa también afrontan un juicio oral por los presuntos aportes ilegales de dinero para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011, hecho por el cual el fiscal Germán Juárez Atoche pidió penas de 20 años de prisión y 26 años y medio, respectivamente, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos.