La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación de la empresa Gasoducto Sur Peruano S.A. como tercero civilmente responsable en el proceso penal seguido al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros; por el presunto delito de colusión agravada y otros en perjuicio del Estado.

La defensa legal de nuestro país busca que dicha empresa asuma el pago de una eventual reparación civil a favor de Estado en caso no puedan hacerlo con sus bienes estos investigados de ser hallados responsables de los cargos que se les imputan en este caso.

La solicitud de la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato fue admitida a trámite por el juez Leodán Cristóbal Ayala, al determinar que este requerimiento cumplió los requisitos exigidos en el Artículo 100 del Código Procesal Penal para su evaluación respectiva.

“Se ha podido apreciar que, en la solicitud de constitución de tercero civilmente responsable, consta los datos de su representante legal, las razones que justifican su pretensión en tanto a la vinculación de la empresa con los hechos materia de investigación y las pruebas documentales que acreditan su derecho”, precisa el magistrado en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias.

El juez Cristóbal Ayala dispuso que esta solicitud sea puesta en conocimiento de las partes involucradas para determinar si formulan oposición y, de ser el caso, convocar a una audiencia virtual para analizar dicho requerimiento a fin de emitir una decisión al respecto.

EL PROCESO

La Fiscalía investiga al expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, los exministros Milton Von Hesse, Juan Manuel Benítez, Eleodoro Mayorga, Luis Miguel Castilla, Wilfredo Pedraza y otras 27 personas y la empresa ENAGAS Internacional S.L.U., en su condición de persona jurídica, según cada caso; por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio en agravio del estado a raíz del caso Gasoducto Sur Peruano vinculado a Odebrecht.

El exmandatario y su esposa también afrontan un juicio oral por los presuntos aportes ilegales de dinero para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011, hecho por el cual el fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se le imponga las penas de 20 años de prisión y 26 años, y medio de cárcel, respectivamente, al acusarlos por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado.