Por: Rubén Quiroz Ávila

La alta y creciente demanda de estudios universitarios en el Perú supera la oferta que permita el acceso a la mayoría de los estudiantes posibles. En nuestro país hay fundamentalmente dos modelos de gestión caracterizados por la procedencia de sus fondos financieros: las públicas, basadas en el erario nacional, y las privadas, que generan sus ingresos fundamentalmente de las pensiones estudiantiles. Ello modela la manera como admiten a sus estudiantes.

En el caso de las universidades públicas lo hacen a través de un examen de admisión que, en el caso de las más emblemáticas, tienen una sobredemanda que no es satisfecha a la velocidad requerida. La respuesta de las privadas, más de las que se gestionan como empresas, compiten por alcanzar una parte importante de la cuota de mercado y, aquí, usan o una economía de escala (acceso masivo a bajo precio) o una admisión más segmentada (con una pensión elevada). Por lo tanto, conforme su planificación de sostenibilidad, trazan la estrategia de admisión.

Solo en el 2017 postularon 634,109 estudiantes. Solo ingresa 1 de cada 2. Entonces, la mitad de nuestros estudiantes con voluntad y potencial está siendo dejada de lado. Lo cual debe entenderse como un problema no solo educativo, sino también principalmente socioeconómico. Aunque las públicas tiene un alto ratio de selectividad en promedio, según el III informe de Sunedu (2020), por cada 5 estudiantes ingresa 1; en el caso de las privadas más bien tienen una baja tasa de selectividad: en las societarias ingresa un estudiante por cada 1.3 y, en las asociativas, 1 por cada 1.4. Es decir, casi todos los que postularon, ingresaron, siendo de esa manera la que casi ha igualado la demanda con la oferta.

Por ello, las universidades públicas tienen una crucial paradoja: una alta selectividad, pero que genera que los que no ingresan (una población grande) o sean absorbidos por las privadas más accesibles financieramente o, que es el caso más duro, que no tengan ninguna posibilidad de estudiar en la universidad, en general por la carestía de recursos.

De ese modo, los rangos de selectividad estudiantil están ligados a un procedimiento que varía según las necesidades por satisfacer. En el caso de las públicas, al estar garantizado su financiamiento por el Estado, su enfoque es una lógica estrictamente académica consistente con la formación escolar previa y su perfil de ingreso requerido según cada área o carrera profesional. Por lo tanto, su sistema de examen de admisión tiene una complejidad académica que va evolucionando conforme se ajusta el perfil de estudiante que requiere; en el caso de las privadas, el enfoque académico va a la par, aunque asimétricamente, del aseguramiento del financiamiento por parte del futuro universitario. Por lo visto, ello sigue siendo insuficiente.