Congreso otorgó facultades al Ejecutivo para legislar en seguridad ciudadana
COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
La Comisión Constitución y Reglamento del Congreso de la República aprobó, con 18 votos a favor, el texto sustitutorio del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, meritocracia y otros.
En julio pasado, el Gobierno realizó el pedido al Legislativo para hacer frente a la creciente inseguridad ciudadana en el país. Según comentó la presidenta Dina Boluarte durante su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, su gestión pretende aprobar una norma orientada a reforzar la lucha contra la extorsión, la estafa, el fraude y otros delitos, con una herramienta que permita el intercambio de información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
El Ejecutivo intenta establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento, así como medidas para el traslado de su administración y funciones de las entidades involucradas.
En el texto sustitutorio se plantea modificar el Código Penal, aprobado por el decreto legislativo 635, en materia de delitos contra la inseguridad ciudadana y tranquilidad pública, sin afectar las libertades de información, opinión, expresión y difusión de pensamiento, así como el derecho de reunirse pacíficamente sin armas u otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política.
OTRAS MEDIDAS
Respecto a acciones delictivas cometidas por extranjeros en nuestro país, la presidenta Boluarte anuncio que contemplan la modificación del artículo 30° del Código Penal que permitiría aplicar como pena la figura de la expulsión a los extranjeros que hayan sido condenados a una pena suspendida o condicional.
«De igual manera, la modificación del artículo 303–A la misma que sancionará a quienes promueven, favorecen, financian o facilitan el tránsito irregular en el país de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, cualquier beneficio para sí, o para terceros, en aquellas zonas que no son frontera, conducta que actualmente es impune», dijo.
En materia de gestión de riesgo de desastres, el proyecto del Ejecutivo busca establecer medidas para agilizar las contrataciones públicas a fin de atender las emergencias por desastres naturales. Asimismo, fortalecer el seguro agrario.