Por Cecilia Bákula – El Montonero

Con la creación del Ministerio de Cultura, por Ley N° 29565 de 2010, todos los fondos que custodiaba y administraba el Ministerio de Educación, a través del Archivo General de la Nación, pasaron a ser responsabilidad del nuevo ente sectorial. Dicho acervo, rico y valioso, ha tenido una historia no siempre tranquila; las más de las veces ha sido azarosa. Habiendo sido creado en tiempos de Ramón Castilla, el Archivo General de la Nación –en su sección histórica, republicana y notarial, principalmente– ha estado instalado en diversos espacios casi siempre precarios. Y por razones de fragilidad, y porque no se le ha dado la importancia requerida a ese patrimonio, está ahora, una vez más, en inminente peligro.

No pasó mucho tiempo desde la creación del Ministerio de Cultura para que el sector Justicia, emprendiera una batalla legal, un pleito desaforado, para utilizar los ambientes que ocupan hasta hoy miles de legajos, miles de metros lineales de documentos, ubicados en el local del Jr. Manuel Cuadros, en los sótanos del Palacio de Justicia. El reclamo legal fue iniciado por la Procuraduría del Poder Judicial y el caso fue escalando hasta que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente un recurso que fue presentado por el Ministerio de Cultura por lo que el 19 de mayo último. Se dispuso, sin miramiento alguno, que se desaloje los ambientes en donde se encuentran importantísimos documentos del período republicano, con la finalidad de que el Ministerio de Justicia, cuente con el espacio que reclama.

El caso es jurídicamente complejo y no pongo en duda la obligación que tenemos todos, ciudadanos y entidades, de cumplir con los fallos judiciales. Pero las aristas que este proceso tiene, son espinas que hieren a la cultura y al Patrimonio Cultural de la Nación. Y si bien se levantan voces contra la actual gestión, por demás ineficiente del Ministerio de Cultura respecto al acervo documental sobre el que tiene responsabilidad, es necesario señalar que, de alguna manera, todos somos responsables del patrimonio cultural y no es posible que el Estado luche denodadamente contra el Estado sin ofrecer solución coherente alguna. Comprendo que esos miles de legajos están en esos ambientes desde 1942 y que no se encuentran, ni de lejos, en las mejores condiciones de conservación. Pero insistir en un desalojo, como si se tratara de inquilinos precarios, es llevar el tema a extremos inaceptables.

Paralelamente a ese reclamo, es igualmente inaceptable la solución que ha propuesto el propio Archivo y que debe, sin duda, contar con el beneplácito y anuencia de las altas autoridades del Ministerio de Cultura. La propuesta es trasladar la totalidad de ese fundamental acervo documental –es decir, la memoria de la República– a depósitos de empresas privadas. Para ello se ha logrado destinar fondos, así como para el “estudio” previo, pues se cuenta ya con un protocolo para ese traslado que, a simple vista, se puede apreciar como impracticable pues, completar los formatos propuestos, implicaría, por qué no, hacer una buena labor de identificación, de los muchísimos legajos que falta aún catalogar, registrar e identificar.

Es decir, que se quiere hacer lo que es una imposibilidad y por lo tanto, se abre una puerta a la pérdida de documentos fundamentales. Máxime cuando es sabido que existe una gran carencia técnica, no por falta de voluntad de sus empleados, en su mayoría apóstoles en su trabajo, sino porque no hay un sistema informático total ni adecuado que podría entenderse como el primer eslabón en el conocimiento y, por lo tanto, en la protección de esos documentos. En ese archivo hay documentos sustantivos para el día a día de los ciudadanos; por ejemplo, lo que se refiere a asuntos notariales, ya que allí se conservan todos los escritos, certificados, escrituras, actas, minutas y otros provenientes de las notarías que han dejado de funcionar. Allí están expedientes migratorios y muchos otros asuntos de singular importancia no solo para la gran historia, sino para el ciudadano común.

Podría entenderse que se gestione una “mudanza en bloque” si se tratara, por fin, de que el Patrimonio Documental Republicano fuera a ocupar un espacio adecuado, definitivo, implementado y seguro. ¡Pero no! No se trata de eso; se trata de “devolver” un espacio sobre el que se ha dado un fallo en cuyo proceso el Ministerio de Justicia ha actuado como juez y parte, y se ha desconocido el valor intrínseco de lo que en esos ambientes se custodia.

En esas condiciones, una “mudanza en bloque” es anti técnica, peligrosa, incomprensible y llama mucho la atención que entre todos los argumentos y opiniones, no se escuche una queja y una oposición formal de las autoridades del Ministerio de Cultura a quienes les caerá sobre los hombros y con el peso de la ley la irresponsabilidad de estas pretendidas acciones. Adicionalmente, parece no haberse recordado que existe una norma expresa referida al Sistema Nacional de Archivos; me refiero a la Ley Núm 25323 de 1991; quizá recordando algunos de sus enunciados, se pudiera llamar a la cordura: En los literales b, c y d del artículo 2 se lee como obligaciones: a) Proteger y defender el Patrimonio Documental de la Nación; c) Cautelar y difundir los valores de la identidad nacional; d) Fomentar la investigación científica y tecnológica a través del servicio de los fondos documentales”.

Es indispensable comprender y lo digo una vez más, que en cultura no se gasta, se invierte y por ello, se requiere invertir de inmediato en la construcción de un moderno local para albergar a todo el Patrimonio Cultural de la Nación y no solamente el que está siendo zarandeado por la mala voluntad de quienes no comprenden, a pesar de que se supone que saben de ello, que el patrimonio es como un menor, necesita tutela, cuidado, inversión, amor, responsabilidad.

Hay algunas propuestas alternativas que se han presentado y han de ser evaluadas con criterio de razonabilidad y prontitud. La solución no puede ser, de manera alguna, la mudanza en bloque a almacenes privados por tiempo indefinido. Ello equivaldría a morir, a dejar de poder conocernos, a perder la memoria nacional.