Por: Carlos Meneses

Los decretos de emergencia en la lucha contra la delincuencia tienen que ser adecuadamente presentados para que sean eficaces y aceptados por todos. Sobre ellos, hay que decir que se requiere de la participación de todos los llamados a tener parte en la tarea de detener la ola delincuencia que afecta a todo el país.

Todo indica que la improvisación y también la desesperación que siguió a dos atentados con granada fueron determinantes para que el Consejo de Ministros, realizado en Lima y presidido desde Nueva York por la presidenta Boluarte, aprobaran un decreto de emergencia que estableció un régimen de excepción por 60 días en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres y que también afecta la vida de 6 distritos de la provincia de Sullana en la región Piura.

Esa decisión fue revelada durante la gira de la presidenta Boluarte, el lunes, y comentada en la mañana del día siguiente por el presidente del Consejo de Ministros y los alcaldes de las jurisdicciones afectadas. Entonces, se precisó que la Fuerza Armada estaba ultimando los detalles de los alcances de lo que finalmente se reveló en una edición extraordinaria del diario oficial en la noche del martes.

Existen muchos vacíos derivados porque no todos los que son protagonistas del proceso han sido consultados o han tenido participación en el tratamiento del tema como son, por ejemplo, el Ministerio Público, para los casos de flagrancia, los jueces quienes ordenarán libertades y prisiones o el INPE que deberá recibir a los que sean señalados preventiva o definitivamente como culpables de la comisión de delitos.

Por otra parte, una pregunta sin respuesta es quién decidirá la estrategia en la acción; debiera ser básicamente la Policía, pero uno se pregunta si los militares que salen a realizar papel de la Policía relegada en su tarea aceptarán semejante trato.

Es evidente que las cosas no se pueden hacer con la ligereza que acusan los hechos y tenemos que lamentar que así sea porque la experiencia que se recoja será definitiva para poder enfrentar con éxito la lucha contra la delincuencia común y particularmente por los delitos de extorsión que supone la situación presentada.