— Redacción Diario El Pueblo —

El abogado Gregorio Parco presentó un habeas corpus correctivo en el que solicita la inmediata excarcelación del exdictador Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de prisión en el penal Barbadillo por ser el autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.

Parco requiere al Poder Judicial que disponga la liberación de Fujimori a fin de que sea atendido en el domicilio de uno de sus familiares, y para que “sea intervenido quirúrgicamente con suma urgencia”.

De acuerdo con la demanda, se habría infringido el artículo 33, inciso 20, del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece que un habeas corpus debe ser declarado fundado ante actos que amenacen o vulneren “el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena”.

La demanda está dirigida en contra del director del INPE, Omar Méndez, y la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. También son señalados el presidente de la República, Pedro Castillo, y la titular del Congreso, María del Carmen Alva.

Gregorio Parco incluye al jefe de Estado y a la presidenta del Parlamento en el proceso ya que, según afirmó en diálogo con La República, respaldan la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el pedido de medidas cautelares solicitado por las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“(¿Por qué demanda a Pedro Castillo y María del Carmen Alva?) Porque están apoyando (la decisión de) la Corte de Costa Rica de no querer aplicar la sentencia ganada (fallo del Tribunal Constitucional). Al señor (Alberto Fujimori) deben soltarlo. Esta es una demanda de habeas corpus correctivo, (porque) todo preso, cuando está enfermo, debe estar en la clínica o en su casa. Es una demanda muy simple”, indicó.

A inicios de este mes, la Corte IDH ordenó al Estado peruano supervisar el indulto de Fujimori Fujimori y no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional que restablecía dicha gracia presidencial por contravenir los estándares establecidos.