Por Erika Romero D. Foto: Jorge Esquivel Z.

El procurador general del Estado, Daniel Soria Luján precisó que a fines de este mes los interrogatorios a propósito de la investigación fiscal respecto de los fallecidos durante las protestas de inicios de año en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, culminan en este mes. Esto quiere decir que a fines de octubre o inicios de noviembre el Ministerio Público debe tener una conclusión sobre lo sucedido.

“Lo que puede ocurrir es que se acepten los tres delitos: genocidio, homicidio y lesiones imputados a la presidente de la República o se archiven todos o subsistan algunas imputaciones. Cuando eso suceda, en el Congreso se hará una denuncia constitucional”, precisó el defensor legal del Estado peruano.

Ese debate abrirá una nueva disyuntiva que girará entorno a la aplicación o no del artículo 117 de la Constitución peruana que trata sobre la excepción de la inmunidad presidencial.

Para algunos parlamentarios la presidenta tiene inmunidad mientras está en el cargo y por lo tanto no se le puede investigar por lo que todo quedaría en stand-by hasta que cese. Sin embargo, el procurador Daniel Soria es de la opinión que se debe interpretar el artículo 117 en conjunto con el texto de la Constitución.

“Por lo tanto y siendo esa una norma del siglo XIX y tratándose de delitos de corrupción se debe dar paso a la acusación constitucional como a cualquier otro funcionario”, concluyó.

El procurador Soria participó del I Congreso Internacional sobre la Defensa Jurídica del Estado: una mirada por el bicentenario del Perú, en este evento participaron defensores legales de varias naciones de Latinoamérica, las exposiciones versaron sobre temas de defensa jurídica del Estado.