El proyecto de ley de reforma constitucional que plantea que los jueces y fiscales del país sean designados por voto popular para siete años y que, una vez transcurrido este período, puedan postular a una reelección inmediata.

La iniciativa de Perú Libre —que lleva las firmas del segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, así como el extitular de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, Kelly Portalatino, Margot Palacios y otros partidarios—, busca “unificar el modelo” y “resolver el nivel de confianza del Poder Judicial y el Ministerio Público”.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de control de la Judicatura encargado de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, sería responsable de convocar la elección popular con un año de anticipación, cada seis años, de acuerdo con el documento.

La fiscalización de los comicios quedaría a cargo del JNJ y la entidad encargada de supervisar el proceso de elección de los candidatos sería la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, referéndum y otros tipos de consulta popular.

La fórmula legal también deja en manos de la JNJ la eventual destitución de jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos. En este último caso, “será posible la aplicación de amonestación o suspensión de hasta ciento veinte (120) días calendario” y la resolución “tiene naturaleza de inimpugnable”.

De igual modo, incorpora un inciso que establece como único requisito “haber sido elegido mediante proceso de elección popular” que para ser magistrado de la Corte Suprema.

“La aprobación de esta reforma constitucional promoverá la calificación y calidad profesional de los jueces y fiscales del país […] posibilitando la adecuada resolución de los conflictos interpersonales. […] Esta mejor adecuación y calidad profesional contribuye al bajo nivel de confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones jurídicas”, se lee en el texto.

La propuesta fue recibida el mismo día en que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú aprobó un informe que propone la destitución de los siete miembros de la JNJ por una presunta “causa grave en el ejercicio de sus funciones”.

La decisión fue tomada con 15 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y ahora el informe deberá ser redactado y enviado ante el pleno para su debate y votación. La medida se tomó tras considerar que hubo una “intromisión” de los miembros de la JNJ en funciones del Legislativo, pese a que organismos nacionales e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron su preocupación por la investigación y solicitaron que se respete “el debido proceso”.

Los juristas fueron sometidos a una investigación sumaria tras ser acusados de haber emitido un pronunciamiento a favor de la ex fiscal general Zoraida Ávalos, así como del presunto “incumplimiento de deber constitucional” y de su ley orgánica, por no haber presentado un informe anual ante el Congreso, y la “filtración” de información sobre un procedimiento disciplinario que se sigue contra la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides.

En ese sentido, la comisión legislativa que preside Milagros Rivas (Perú Libre), aprobó el informe final — cuyas conclusiones encontraron cuatro faltas en cinco hechos— y acordó recomendar que el pleno del Congreso “remueva a los miembros de la JNJ por falta grave”.

A pesar del apoyo mayoritario de los legisladores de bancadas de derecha y de izquierda que integran el grupo parlamentario, la legisladora Ruth Luque emitió un informe en minoría que remarca que no hay falta grave ni causal de remoción.

Cuando se anunció el inicio de esta investigación, la JNJ consideró que se trataba de una amenaza al “ejercicio independiente de sus funciones” y que la eventual remoción de sus miembros “constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes”.