Robert Patrick Salvatierra Borja – Profesor de Derecho de la Universidad Católica San Pablo

PERSPECTIVA

¿Sabía usted que, si no puede sustentar el origen de su patrimonio o realiza un uso inadecuado del mismo, podría perder su propiedad? Tranquilo, esto no busca quitarle sus bienes a la gente honesta, sino que supone un gran golpe contra la delincuencia. Desde la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1373, la extinción de dominio es una nueva figura de nuestro ordenamiento jurídico.

En nuestra sociedad, el fortalecimiento del crimen organizado se ha logrado gracias a la generación de patrimonio mediante actividades ilícitas, como son el lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, la minería ilegal, trata de personas, entre otras. Estas acciones les han servido a los delincuentes como instrumento para seguir operando y mantener su poder.

Frente a esta coyuntura, nació el proceso de extinción de dominio, una herramienta que busca perseguir los bienes que hayan sido objeto, instrumento o efecto de cualquier actividad ilícita, con capacidad de generar ganancias económicas. Esta medida se adoptó en cumplimiento de los tratados internacionales suscritos con anterioridad por Perú, como la Convención de Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Mérida contra la corrupción.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio en mayo de 2019 hasta la fecha, el Poder Judicial ha recuperado más de 173 millones de soles a favor del Estado. Esto es el resultado de todos los bienes obtenidos con ganancias de actividades ilícitas, según lo informó la coordinadora del Subsistema, María Luz Vásquez Vargas en entrevista prestada en medios de prensa.

Un caso que respalda las cifras recuperadas es el caso Abrojal. Se trata de la propiedad de Isaac Foguel Cabada y Martha Velasco Heysen, quienes eran procesados por el delito de lavado de activos. El Juzgado Permanente de Lima determinó que, al tener esta propiedad un exorbitante valor de S/ 67 222 282, no podía ser sustentada sino por las ganancias obtenidas por tráfico ilícito de drogas. Por ello, en fecha 29 de mayo de 2020, fue trasferida la titularidad de este bien a favor del Estado.

De esta manera, con el mencionado proceso se ha logrado un gran avance para el Estado, estableciendo un modelo de justicia paralela al sistema penal y reduciendo el poder de estas organizaciones criminales. También se ha desincentivado la comisión de actividades ilícitas dentro del territorio nacional y se ha respondido a los compromisos internacionales que Perú mantiene y ha suscrito.