Por: Fernando Palomino – El Montonero

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El Ejecutivo presentó al Congreso su Plan A, un proyecto de ley que plantea someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2022 para que el “pueblo” se manifieste si quiere o no una Asamblea Constituyente. Tanto el presidente Castillo como el primer ministro afirmaron que no presentarían una iniciativa de este tipo porque “no era prioridad del gobierno”, y que no estábamos en un “momento constituyente”. Inclusive en Semana Santa el presidente, haciendo gala de las mentiras a las que nos tiene acostumbrados, manifestó que “haría cambios radicales”, y convocó al cardenal (quien pecó de ingenuo) y al secretario del Acuerdo Nacional. El proyecto de ley de referéndum, tras cumplir las normas de rigor administrativo del Congreso, de todas maneras irá al archivo.

A estas alturas avalar el cambio constitucional como se propone es un acto de colaboracionismo puro, por razones ideológicas, intereses personales y de grupo, prebendas etc. Lo cierto es que no es un acto de amor a la patria y menos cuando se pretende someter al Perú ante ideologías marxistas fracasadas ampliamente, decisiones de países del socialismo del siglo XXI e intereses del grupo de Puebla y el foro de Sao Paulo. Un caso especial es la intentona del Runasur, liderado por Evo Morales, que pretende imponer el concepto de “plurinacionalidad”, rompiendo el concepto de estado unitario. A todas luces una velada estrategia para el acceso al mar de Bolivia por territorio peruano, como lo “deslizó” Castillo ante la prensa extranjera.

Según IPSOS, solo el 7% de la ciudadanía quiere el cambio constitucional y más del 90% lo rechaza. Sin embargo, el gobierno insiste y no le interesa el impacto que su afiebrada propuesta ocasiona a la confianza, a la economía en general y menos a la inversión extranjera y doméstica. Incluso en medio de la pandemia y de los tremendos impactos económicos de la guerra ruso ucraniana en los hidrocarburos, granos y fertilizantes, que han incrementado la inflación mundial.

A pesar de lo anterior, al gobierno solo les interesa imponer la asamblea constituyente para implementar un régimen económico diametralmente opuesto al actual, con control de precios, tipo de cambio fijo, autarquía, estado empresario etc. Un modelo desastroso ya probado en Perú en los años setenta y ochenta del siglo pasado, y también en muchos países de la región, que fomentó el atraso y la corrupción, el mercado negro y la diáspora de la población (más de un millón de venezolanos en Perú son la prueba elocuente de ello). Por otro lado, el partido de gobierno busca perpetuarse en el poder para implantar un modelo político y económico de corte marxista totalitario, como en Cuba y Venezuela, restringiendo las libertades fundamentales.

El Plan B al que alude Cerrón, en caso de que la propuesta de referéndum para la asamblea constituyente no sea aprobada por el Congreso, buscará en la práctica el incendio de la pradera y promover una revuelta nacional. Así se le daría “legitimidad” a la protesta y finalmente se cerraría el Congreso; y de esta forma el Ejecutivo estaría en libertad de convocar a su asamblea constituyente; a corte y medida de Cerrón, quien tiene claro que la izquierda gobierna, pero no tiene el poder. Según sus propias palabras: «¿Qué dicen las teorías de los clásicos? Dicen que para tener el poder hay que tener el control del Ejército, de la Policía, el control del cuerpo de magistrados, el control de la burocracia estatal y el control del clero»,

Lamentablemente estamos ante un gobierno fundamentalista y perversamente ideologizado con el marxismo como dogma de fe. No les interesa la realidad nacional ni el daño irreparable al Perú con tal de conseguir sus fines. Y menos les interesan las libertades fundamentales, Queda absolutamente claro que el fanatismo ideológico de la dupla Cerrón-Castillo es el mismo de aquellos que tomaron las armas contra los peruanos en los ochenta y noventa del siglo XX. Quienes los apoyan hoy desde la oposición son también responsables de la tragedia nacional que vivimos y de la pesadilla de no retorno que sería el Perú en caso de que sus propuestas trasnochadas lleguen a implementarse.

El Plan C de la inmensa mayoría de los peruanos, es el respeto de la actual Constitución Política de 1993, aquella que ha permitido disminuir la pobreza y pobreza extrema considerablemente, que ha multiplicado por siete el valor de las exportaciones peruanas, incrementado sustantivamente el PBI per cápita en los últimos 25 años y dado mayor fortaleza del sol, gracias a un manejo eficiente de la política monetaria, mayores reservas internacionales netas (RIN) y menor deuda respecto al PBI. Es aquella Constitución, de las doce que hemos tenido, la que en líneas generales ha permitido el mayor crecimiento económico en toda nuestra historia republicana. En esa línea ,también merece el respeto a las 35 Políticas de Estado del Acuerdo Nacional y a las 69 Políticas Nacionales al 2030.

El gobierno debe entender que los peruanos tienen otras prioridades distintas a perder tiempo en aventuras ideológicas. Exigen en los tres niveles de gobierno cero corrupción, líderes políticos desideologizados (sin anclajes en los sesenta y setenta del siglo pasado), con formación y experiencia en gestión pública y sin tachas morales al igual que sus equipos técnicos, qué se preocupen en cerrar las inmensas brechas sociales; solucionando la falta de agua, de servicios básicos en especial la precaria salud, educación pública y conectividad, que se controle la inflación que en la práctica es el impuesto de los pobres, que se apoye a los empresarios de las pymes y fomente el empleo, que se incremente la competitividad y productividad, que no se desaliente la inversión privada como lo viene haciendo el gobierno y que fomente la inversión extranjera y local que son los verdaderos motores de la economía para que haya más trabajo y más progreso.

Asimismo, el Plan C de los peruanos busca reducir los pasmosos índices de inseguridad ciudadana, combatir la alianza perversa del narcotráfico y terrorismo, sin el optimismo desmesurado de pretender cerrar las bases militares en el VRAEM. También erradicar las economías ilegales: la minería ilegal, la depredación y contaminación de los bosques, la contaminación ambiental y la pesca ilegal. Adicionalmente, que se implementen reformas estructurales en materia electoral, nueva regionalización (imposible seguir manteniéndonos con 25 regiones), reforma tributaria ampliando la base y combatiendo la evasión y elusión fiscal, por citar algunas de las reformas más importantes.

Más aún, los peruanos quieren un presidente con visión estratégica y geopolítica, para la prospectiva y construcción de escenarios posibles, que nos permita determinar el norte a seguir. Es decir, necesitamos un estadista que nos permita construir la visión del país para los próximos 50 años, como dicta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050, increíblemente no aprobado por el gobierno. La planificación estratégica resulta fundamental más aún en el incierto escenario internacional en que vivimos donde la política exterior deberá proyectar al Perú al mundo y en especial a la cuenca del Pacífico que es hoy gravitante al concentrar más del 60% del comercio internacional siendo el “mare nostrum” del siglo XXI y donde el Perú tiene una posición geoestratégica envidiable.

Finalmente, el Plan C debe complementarse con la renuncia o vacancia presidencial de Castillo por su severa ineptitud, indicios de corrupción e incapacidad moral y proponiendo iniciativas congresales y de la ciudadanía en general para ir hacia unas nuevas elecciones presidenciales o generales y así aliviar la tremenda crisis política que vivimos porque seamos claros, el Congreso no tiene los votos aún para vacar a Castillo y la dupla Cerrón-Castillo no tiene forma como imponer una nueva Constitución.

En consecuencia, el Plan C de los peruanos es la absoluta defensa de la propia Constitución Política del Perú y en palabras del Almirante Grau el peruano del milenio, “no reconocemos otro caudillo más que la propia Constitución”, defendiéndola con todas las armas constitucionales y legales. Ha llegado la hora de anteponer el Perú, ante todo, por parte del Congreso, los poderes públicos, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, entre otros, sumado el importantísimo apoyo de la ciudadanía de a pie sin distinciones, tanto Ud. como yo amigo lector, para preservar la democracia, las libertades fundamentales que tanto nos ha costado conseguir y el futuro de las próximas generaciones.