Carlos Meneses

“Resulta conveniente que el fiscal supremo de la Nación, Pablo Sánchez disponga se confirme la veracidad de las denuncias contra el presidente Pedro Castillo sin formular acusación hasta el término de su mandato”.

La magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, ha sido de opinión de que, si bien el presidente Castillo no puede ser acusado sino por 4 delitos específicos, sí puede ser investigado y los resultados de dicha indagación a realizarse ahora mismo, pueden ser guardados para el término de su gestión presidencial. Oportunidad en la que serán válidos los hallazgos para la acusación correspondiente y aplicación de sanciones, si lo mereciera.

Distinto ha sido el parecer del magistrado Espinosa-Saldaña quien cree que no se debe adelantar opinión sobre la investigación inmediata para que con los resultados obtenidos decidir si se acusa al primer mandatario al concluir su régimen.

Lo que resulta cierto, es que una indagatoria cuyo inicio se postergue para cuando Pedro Castillo termine su mandato tendrá múltiples inconvenientes por el desfase del tiempo y la imposibilidad de tener las pruebas en la mano. Tal y como sucede ahora que se ha revelado la existencia de contratos por 800 millones de soles a empresas chinas a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Lo prudente es hacer las pesquisas ahora y reservar la acusación que pudiera corresponder para el año 2026, fecha en la que el presidente termine su gobierno. Eso es lo lógico para no empezar tarde lo que puede hacerse hoy.

Recordemos que los hallazgos de la Fiscalía no suponen, necesariamente, una acusación que en el caso de Castillo tendrá que esperarse el vencimiento de su administración en Palacio de Gobierno.

La colaboración eficaz de la señora Karelim López obliga, si se quiere corroborar el alcance de sus afirmaciones, hacer las averiguaciones necesarias para verificar que su dicho sea veraz y guardar los actuados para la oportunidad en que se pueda acusar al primer mandatario.