El último 23 de enero de este año, el comandante general, César Briceño Valdivia, y un grupo de sus representantes compareció ante el Congreso de la República. Esto, a raíz de los serios cuestionamientos iniciados en contra del Ejército del Perú por la compra de 10 mil fusiles valorizados en más de US$ 27.3 millones, que fue determinado como irregular por la Contraloría General.

Fue durante la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas del Parlamento, que Briceño tomó la palabra y refirió que se habían seguido todos los procedimientos requeridos durante la compra de dicho armamento militar. Para dar más peso a sus aseveraciones, el comandante general pidió la intervención de Moisés Carbajal, jefe del servicio material de Guerra, para que explique los pormenores.

No obstante, un informe del periodista Ángel Páez reveló, después de esta disertación del Ejército, que los fusiles de marca ARAD 7, pertenecientes a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), habían sido descartados en evaluaciones durante pruebas para procesos de compra anteriores por haber resultado defectuosos.

Los cuestionamientos hacia la adquisición no solo se dieron por las deficiencias indicadas por la Contraloría, sino que también se advirtieron luego de que varios representantes de las empresas armamentísticas denunciaran irregularidades en el proceso de contratación que se llevó a cabo mientras Briceño Valdivia era el presidente de la FAME. Ello, debido a que esta contratación se dio mediante adjudicación directa y las pruebas para probar la efectividad de las armas se dieron en la misma empresa Israel Weapon Industries (IWI), a donde llegaron efectivos militares peruanos.

Aquel martes 23 de enero, Carbajal detalló que se había suscrito un contrato luego de que miembros del Ejército realizaran las pruebas en tierras israelíes. Lo que no detalló es que quiénes las hicieron eran solo tres soldados del Ejército. Según el periodista, la eficacia de estas pruebas se dio de manera deficiente en comparación con otros procesos de prueba para la adjudicación, en los que se enviaron hasta 18 soldados.

Pero esto no sería solo uno de los duros precedentes que se cernían contra la empresa IWI. El medio La República accedió a actas e informes de los efectivos del Ejército que probaron armas de la misma empresa armamentística y que, en su momento, las descartaron con bajas calificaciones.