Por: Luis Luján Cárdenas

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) cumplió ayer, 13 de marzo, 16 años de vida institucional en una compleja, difícil y crítica situación nacional que no desanima al Gobierno en su deseo de pertenecer a la exclusiva Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que 34 países trabajan conjuntamente –demostrando alta productividad, inclusión social, gobernanza responsable y sostenibilidad medioambiental– para responder a los retos económicos, sociales y ambientales derivados de la interdependencia y la globalización.

Pero nuestra gobernanza se ha quedado en el tiempo por serios y profundos problemas sociales, económicos, ambientales y políticos de vieja data, agravados por un estamento político ajeno al interés público y a los grandes retos de un siglo marcado por la crisis capitalista, la debilidad de la democracia, el juego geopolítico del poder, el mal uso de los bienes naturales, la incertidumbre que esto provoca y un implacable cambio climático y el deterioro de los ecosistemas.

El agua se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York como un recurso tan valioso como los metales o el petróleo. Y dada la riqueza hídrica nacional, compete a nuestras autoridades ponerse a la altura e impulsar un sustancial cambio en la gobernanza del agua para la seguridad hídrica nacional actual y de las generaciones futuras.

La OCDE, en su estudio Gobernanza del agua en el Perú (2021) ha dejado en claro qué es lo que se debe hacer en el tema de la gestión de los recursos hídricos, a fin de cumplir con los requisitos mínimos exigidos a un país que quiere dejar atrás el subdesarrollo y la pobreza.

“La ANA debe fortalecer su carácter multisectorial […] elevando el perfil de la política de recursos hídricos a nivel ejecutivo (es decir, PCM, vicepresidencia, etcétera, y a nivel legislativo). La ANA debe tener acceso directo, efectivo y de alto nivel a la formulación de políticas interministeriales a nivel nacional y debe ser fortalecida de diferentes maneras para ser reconocida por todos los usuarios del agua y todos los formuladores de políticas como referente de la política de recursos hídricos”. Esto nos recomienda la OCDE. Más claro no puede ser.

¿Acaso la administración de nuestro mar, ríos, nevados, lagos, lagunas, manantiales, humedales, bofedales y acuíferos subterráneos, de donde extraemos el agua para beber e impulsar las actividades humanas, es de menor importancia que la labor de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería o la Empresa Nacional de la Coca? Todas ellas –sin desmerecer su implicancia social– están adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros. La ANA también debería estar dentro. El agua es vida y motor de la sociedad.