Congresistas buscan aprobar ley para nombrar ministros
— Redacción Diario El Pueblo —
Los congresistas Diego Bazán y Karol Paredes, de Avanza País y Acción Popular, respectivamente, cuestionaron al presidente Pedro Castillo por observar la ley que establece requisitos para el nombramiento de ministros y viceministros y que fue aprobada el pasado 13 de diciembre.
Presidente Castillo la observó
Congresistas de diferentes bancadas expresaron su rechazo a la decisión del presidente Pedro Castillo de observar la ley, aprobada por el Parlamento el pasado diciembre, que establece requisitos para el nombramiento de ministros y viceministros.
Representantes de las bancadas de Avanza País y Acción Popular coincidieron en la necesidad de ir por la insistencia para lograr la aprobación de esta norma. El congresista de Avanza País Diego Bazán, autor de uno de los proyectos de ley, consideró que esto demuestra que el Ejecutivo «no tiene la mínima intención de cambiar el rumbo de las cosas».
«Cuando presenté este proyecto de ley tenía la firme convicción de que los mejores profesionales, técnicos capacitados, deberían asumir los ministerios. Personas que no estén vinculadas o procesadas con temas de narcotráfico, lavado de activos o corrupción», señaló.
«Esto demuestra que (el Ejecutivo) quiere seguir gobernando con los ‘amigotes’, con la gente de su entorno, gente que no está preparada ni capacitada. Llevamos tres días sin ministro de Transportes y Comunicaciones, esto es una muestra de ello. Vamos a ir por la insistencia de este proyecto», agregó.
A su turno, Karol Paredes, de la bancada de Acción Popular, lamentó que el Poder Ejecutivo haya tomado esta decisión pese a los cuestionamientos que se hacen a los nombramientos de los ministros «sin que cumplan los perfiles idóneos para el cargo».
«Hoy el presidente observa la norma, que desde el Congreso solo ha buscado señalar requisitos a fin de que este tipo de cargo puedan estar ocupados por personas idóneas. Si el presidente quiere dar muestras de cambio, esta era la oportunidad», apuntó.
«Esta actitud solo deja dudas ya que realmente estuviéramos evitándole mayores problemas al país, y principalmente al Ejecutivo, y también evitando las repartijas a su partido y al entorno de su partido. Si esta propuesta no ha sido aceptada, iremos por la insistencia», añadió.
De acuerdo con la observación, el mandatario apela a la «presunción de inocencia» de los ministros o viceministros que asuman el cargo y cuenten con antecedentes.
«La presunción de inocencia en el caso de ministros cuestionados no se encuentra justificada respecto a su constitucionalidad», se lee en la ley como observación.
Esta ley, que fue aprobada con 75 votos a favor, precisa que quien ocupe el cargo de ministro no debe contar con sentencia condenatoria en primera instancia, en calidad de autor o cómplice, por delito doloso, ni estar inhabilitado para ejercer cargo público.
De acuerdo con la norma aprobada, se deberá de anexar la declaración jurada del nombrado junto a la resolución suprema donde se anuncia su nombramiento al cargo.
Ahí mismo se deberá constar las investigaciones fiscales, procesos judiciales y procedimientos administrativos en el que está o estuvo incurso.
Esta propuesta además establece que no pueden ser nombrados ministros quienes, conforme a la normativa vigente, se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo procesados en el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar.
«No pueden ser nombramos presidente del Gabinete Ministerial o titulares de carteras de Interior ni Defensa, quienes conforme a la normativa se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial por delitos de terrorismo o tráfico ilícito de drogas», agregan.
«Los servidores públicos para cargos de confianza» que se asignan los políticos que elegimos sin cumplir con «normas de ingreso a laborar en el sector público» deben modificarse en observancia a las Leyes sobre la materia. Es la única solución legal para prevenir controversias de «bancadas congresales y gobiernos de turno». Los servidores públicos congresistas elegidos están obligados a efectuar modificaciones porqué son nuestros delegados de cada región y en lugar de entorpecer los avances que requiere nuestro País, su rendimiento laboral y proyectos de Leyes deben publicarse, previa evaluación y autorización de la sociedad organizada en Mesas Técnicas de Trabajo Conjunto, conforme a Leyes del Perú.