— Redacción Diario El Pueblo —

No solo se cuestiona la idoneidad de funcionarios en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), sino que éstos no reunirían los requisitos mínimos para ejercer los cargos, pero además estarían desempeñando doble función pública, según lo revelado en un informe de la Contraloría.

Según informe de Contraloría

De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio 01-2022 de la Oficina de Control Interno, se encontró irregularidades en la designación del gerente general Jorge Luis Suclla Medina, quien tendría incompatibilidad de funciones para desempeñarse en el cargo, porque a la vez es docente a tiempo completo en la Universidad Nacional de San Agustín.

Según la información recibida, es profesor asociado a tiempo completo en el Departamento Académico de Historia, Geografía y Antropología de la facultad de Ciencias Histórico Sociales y de la revisión de su legajo personal, el funcionario solicitó licencia sin goce de haberes del 28 de octubre al 5 de noviembre del 2021; es decir solo por 7 días, por lo que desde el 8 de noviembre del 2021 a la fecha, tendría incompatibilidad para desempeñarse como funcionario regional. Según la ley marco del Empleo Público, es obligación de los empleados prestar servicios de forma exclusiva durante la jornada de trabajo, salvo labor docente, labor que puede ser ejercida fuera del horario de trabajo, pero no ocurre con un docente a tiempo completo.

Además observa la Contraloría, que Suclla Medina no tiene una capacitación especializada y amplia experiencia en la dirección de programas en general y solo tendría experiencia en la prestación de servicios de consultorías, así como en la elaboración de planes y proyectos relacionados con el sector turismo.

Otro hecho que llama la atención, es el del abogado Miguel Santa Cruz Ochoa Cuadros, quién ocupa la jefatura de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del GRA, ya que al contrastar información, si bien el funcionario tiene título profesional de abogado, no está habilitado en el Colegio de Abogados para poder ejercer la profesión, requisito fundamental para trabajar en el sector público.

Igualmente está la designación del gerente de la Autoridad Regional Ambiental, del ingeniero pesquero tecnólogo Fermín Eloy Arenas Carrasco, que no cuenta con el requisito mínimo establecido en el Manual de Organización y Funciones, como es el tener una Maestría o Segunda Especialidad en temas ambientales o similares. Luego de la revisión de su currículum vitae y documentación que sustenta su especialización, se advirtió que no cuenta con dichos títulos inscritos en la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria.

Adicionalmente, al revisar los legajos del personal contratado, la Contraloría señala que estos carecen de declaraciones juradas suscritas por ellos, ya que no cuentan con restricciones, prohibiciones, incompatibilidades e inhabilitación para ocupar los cargos, tal como establece la ley, generando que la entidad no pueda verificar la información, corriendo el riesgo de que los cargos no sean ocupados por funcionarios idóneos.

Están en falta por ejemplo, el propio gerente general Jorge Suclla Medina, el renunciante Edilberto Salazar Zender, como gerente de Salud; el abogado Hugo Antonio Yuén Cárdenas, gerente de Desarrollo e Inclusión Social; el abogado Gonzalo Ricardo Febres Trigoso, jefe de la oficina de Asesoría Jurídica de la Ugel Norte; del contador Antonio Corrales Borda, jefe de la oficina de Logística y Patrimonio; del ingeniero Alex Alonso Quicaño Muñoz, subgerente de Formulación de Proyectos de Inversión.