Por: Christian Capuñay Reátegui

Para no perder la costumbre, el ala radical de la oposición ha presentado una nueva moción que propone declarar la vacancia del presidente Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Se trata del segundo intento de este sector por usar este controvertido mecanismo constitucional. En noviembre del 2021, se formuló una moción con el mismo objetivo, la cual no se admitió por no reunir los votos necesarios.

La nueva moción se basa en “contradicciones y mentiras” del primer mandatario, las designaciones de altos funcionarios, sus declaraciones sobre la mediterraneidad de Bolivia y la supuesta versión de una aspirante a colaboradora eficaz de la Fiscalía, entre otros argumentos.

En mi opinión, se trata de una nueva maniobra para retirar del cargo al Jefe del Estado, la cual proviene del mismo sector que acusó un inexistente fraude para desconocer los resultados de las últimas elecciones, hecho calificado con justicia como el más fuerte ataque contra la democracia peruana desde el autogolpe fujimorista del 5 de abril de 1992.

Y lo considero de ese modo porque los argumentos consignados en la moción o están en investigación en la Fiscalía, que ya aclaró que seguirá lo señalado en la Constitución en lo referente a las investigaciones al Jefe del Estado; o simplemente no configurarían causales de incapacidad moral en un proceso objetivo.

De admitirse a debate la moción, es probable que el Ejecutivo presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC). En tal caso, será una nueva oportunidad para que este colegiado aborde el problema de la vacancia, fije criterios objetivos y regule las causales.

De lo contrario, todos los presidentes sin mayoría parlamentaria y carentes de capacidad para establecer acuerdos políticos con una oposición radical sufrirán la posibilidad de ser vacados y su principal prioridad ya no sería gobernar sino sobrevivir.

Ya tuvo el TC la oportunidad de zanjar este tema en noviembre del 2020, pero declaró improcedente una demanda competencial presentada por el gobierno apelando a la figura de la sustracción de la materia. Es decir, como el presidente Martín Vizcarra ya había sido vacado, no había razón para pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Y es impostergable que el TC zanje el tema porque el Parlamento no modificará en absoluto las condiciones para aprobar una vacancia, pues tal como está configurada es una eficaz herramienta para poner contra las cuerdas al Ejecutivo. Más aún si tenemos en cuenta que hace poco se aprobó el proyecto que modifica las condiciones de la cuestión de confianza, limitando el margen de maniobra gubernamental, mientras que la iniciativa legislativa del Ejecutivo, que proponía modificar la cuestión de confianza y la vacancia a fin de fortalecer el balance de poderes, permanece encarpetada en la Comisión de Constitución desde hace casi cinco meses.