Por: Anthony Medina Rivas Plata – Director de la Escuela Profesional de Ciencia Política y Gobierno

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue generando movimientos a nivel diplomático y geopolítico en todo el planeta y nuestra región latinoamericana no es la excepción. En un giro imprevisto a sus relaciones diplomáticas con Venezuela, el gobierno de Joe Biden aceptó haber enviado una delegación de alto nivel a Caracas para negociar el aumento del suministro de petróleo venezolano y poder reemplazar exitosamente el flujo de petróleo ruso que también llega a los Estados Unidos. Si bien en términos puramente económicos la dependencia petrolera de Rusia es marginal para los Estados Unidos (sólo representa el 1% de sus importaciones y el 3% de su consumo); desde la perspectiva de Rusia este es un nuevo frente adverso para el acceso a financiamiento que le permita seguir sosteniendo su músculo militar en el teatro de operaciones ucraniano, y por extensión, en el resto de Europa del Este.

La reciente visita de funcionarios estadounidenses a Caracas rompe con una tradición de veinte años en su política exterior: la de promover un cambio de régimen que ponga fin al proceso de la llamada ‘Revolución Bolivariana’ que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías inició en 1998 y que es continuado por su ex canciller Nicolás Maduro Moros hasta el día de hoy. Desde el año 2019, tanto Estados Unidos como diversos países de América Latina y Europa decidieron reconocer al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, como Presidente ‘Interino’ de la República, debido a la controversia suscitada por un posible fraude electoral por parte del gobierno de Maduro con el objetivo de lograr su reelección para el período 2019-2025. En ese sentido, Guaidó afirmó que asumía funciones presidenciales amparándose en el Artículo 233 de la vigente Constitución Política de 1999, que señala que: “Serán faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

El supuesto ‘reconocimiento’ como ‘Presidente Interino’ del que Guaidó gozaba por parte de los Estados Unidos se desmoronó hace tres días como producto de la conversación que la ya mencionada delegación de alto nivel ha mantenido con el gobierno de Maduro, siendo que incluso el mismo Presidente Biden afirmó que está considerando ‘aliviar’ las sanciones impuestas desde 2014 sobre la golpeada economía venezolana y así permitirle colocar más crudo en el mercado internacional. Esta jugada, cuyo desenlace todavía es incierto, tendría dos objetivos: El primero sería el de reconocer una situación de facto con respecto a quién realmente controla el gobierno, la administración pública y, en última instancia, el aparato productivo del país que posee la mayor reserva petrolera en el mundo (de más de 300 mil millones de barriles bajo su superficie); y el segundo, el de generar fricciones entre dicho país con su mayor socio geopolítico extracontinental: Rusia.

En nuestra opinión, esto es algo que tarde o temprano iba a ocurrir. Al respecto, escribimos en enero del 2019 lo siguiente: “La situación venezolana es muy compleja, y hacemos mal quienes desde estos lares creemos que sólo con el reconocimiento de un gobierno paralelo se generarán las condiciones para una revuelta ciudadana similar al de la caída de Fujimori en el 2000 o a alguna de las ‘revoluciones de colores’ que se dieron en Europa del Este durante la década pasada.

Los gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como Presidente (entre ellos, el peruano) están en una situación muy incómoda, ya que la práctica diplomática vigente reconoce sólo la existencia de ‘Estados’ y no de ‘Gobiernos’ separados de éstos. Si Guaidó no puede ejercer actos jurídicos internacionales a nombre del Estado Venezolano (lo que implicaría controlar el Ministerio de Relaciones Exteriores), el ‘reconocimiento’ que haya logrado de diversos países del continente sólo existe en el papel. Si a esto sumamos que el gobierno de Maduro aún controla todos los organismos diplomáticos, las Fuerzas Armadas (que ya declararon su fidelidad al régimen) y los diversos grupos paraestatales que el chavismo ha venido promoviendo en los últimos 15 años; debemos aceptar el hecho de que la única manera de derrocar a Maduro es a través de una intervención militar de los Estados Unidos. Esto es algo que ni siquiera apoyan los más radicales halcones en el Departamento de Defensa, debido al costo político que implicaría un largo proceso de ‘peacebuilding’ liderado por Trump, el cual podría terminar en un escenario similar al de Libia luego de la caída de Gaddafi; profundizando la crisis migratoria y humanitaria, a lo que se sumaría el total desgobierno del país. Quienes sueñen con elecciones libres y una transición inmediata a la democracia posterior a una invasión militar estadounidense, simplemente deberían recordar lo que pasó en Irak el 2003. Si del otro lado se apuesta por un cambio de régimen sin invasión, sólo se podría esperar a que las condiciones organizacionales de la oposición venezolana se vuelvan más dinámicas a raíz del reconocimiento del gobierno de Guaidó, lo cual está limitado por la situación descrita líneas arriba”.

Luego de todo lo visto en los últimos días, creo que ya tenemos claro quién es el Presidente de Venezuela, nos guste o no nos guste.