Por: Óscar Maúrtua de Romaña – Excanciller de la República

Conmemoraremos 70 años del establecimiento de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), organismo regional de cooperación en asuntos marítimos, que fue trascendental para el desarrollo del nuevo derecho del mar. La comunidad internacional también celebrará cuatro décadas desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que es reconocida como la “Constitución de los océanos”. Finalmente, gracias a una iniciativa del Perú en la Asamblea General de la ONU, este 2022 es el “Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales”, lo que permitirá, entre otros, contar con el apoyo de la FAO para poner en valor la contribución de la pesca artesanal al desarrollo sostenible.

Somos un país heredero de una civilización milenaria, con raigambre marítima. En el siglo XIX, el guano de nuestro litoral e islas fue esencial para la agricultura en muchos países. Hoy, la harina de pescado peruano, procesada a partir de la anchoveta, es base de gran parte de la acuicultura a escala global. Aportamos, asimismo, cerca del 20% de la producción pelágica mundial.

Conscientes del valor de esos recursos marinos, el Perú fue uno de los primeros países en proclamar la necesidad de proteger, conservar, reglamentar y vigilar el uso de los recursos pesqueros y otras riquezas naturales en el mar. Es ese el mar del Perú, aquel en el que el ilustre Almirante Miguel Grau, mostrando al mundo lo más elevado del honor de los peruanos, ganó el título de “Caballero de los Mares”.

El Perú promueve y defiende el desarrollo del derecho del mar. Lo ha hecho históricamente, participando en la gestación de la tesis de las 200 millas, en las negociaciones para adoptar la Convemar y, más recientemente, resolviendo conforme al derecho internacional la controversia marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

En ese escenario de alcance global, y tomando en cuenta el gran potencial de nuestra megadiversidad biológica, el Estado peruano debe redoblar esfuerzos en el ámbito multilateral y bilateral frente a las amenazas que enfrentan los océanos, en particular: la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos. En concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030: “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos”, debemos evitar la depredación de los mares, luchar contra los desechos marinos –en especial los plásticos–, y prevenir los desastres que ocasionarían el aumento del nivel del mar y la destrucción de los ecosistemas marinos.

Este último postulado toma una importante relevancia considerando lo ocurrido con el derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol, el cual ha generado daños incalculables al ecosistema del país, así como a la pesca artesanal, y ha significado la muerte de diversos animales de la fauna marina, incluyendo la posible desaparición de toda una especie de nutrias del litoral peruano. Durante mi gestión como canciller de la República, impulsé medidas de cooperación para recibir asistencia internacional y realizar todas las medidas que la tecnología provee para remediar el desastre ambiental que lamentamos hasta ahora.

Por todo lo anterior, el país debe continuar fortaleciendo su política exterior en relación con el mar y aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos. Todo ello es coincidente con nuestra política de propugnar la soberanía permanente del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales.