Por: Juan Sheput – El Montonero

Un poder constituido es aquel que, según la Constitución, permite desarrollar la estructura del Estado. En el Perú son el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En tanto un poder fáctico es aquel que, sin que nadie lo haya elegido y sin nacer del poder constituyente, ejerce influencia en el quehacer y en la marcha misma del Estado. Los poderes fácticos son diversos, los sindicatos, las encuestas de opinión, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la opinión pública, los medios de comunicación, las redes sociales, entre otros. Pero también existen los poderes fácticos ilegales: la mafia, el crimen organizado, las redes de comercio informal, la minería ilegal y el narcotráfico.

La ecuación de la gobernabilidad no es otra cosa que el equilibrio de fuerzas entre los poderes fácticos y poderes constituidos. Las crisis de gobernabilidad, que pueden llegar hasta la caída de un gobierno, se dan cuando un poder constituyente se alinea con uno o más poderes fácticos. Si esa situación anómala se da de manera permanente puede caer el gobierno.

El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori, Poder Ejecutivo, se alineó con la opinión pública, gremios empresariales, fuerzas armadas y disolvió el Congreso. En septiembre del 2000, el Congreso, Poder Legislativo, se alineó con la opinión pública, la Iglesia, los medios de comunicación y cayó Fujimori, Poder Ejecutivo. En marzo del 2018 los medios de comunicación y el Congreso provocaron la renuncia de PPK. Año y medio después, sindicatos, medios de comunicación y Congreso provocaron la vacancia del mismo Vizcarra. Merino duró menos de una semana por una mezcla poderosa de poderes fácticos ante lo cual el Congreso se doblegó timoratamente quitándole el respaldo. Ejemplos abundan. No hay otra forma que se pierda el poder.

En estos días dificulto que se dé una crisis de gobernabilidad definitiva, terminal, por una sencilla razón: hay un trío de poderes que no defiende la Constitución sino su propia sobrevivencia. En el Congreso de la República no existe el ánimo de confrontar, como corresponde, al Poder Ejecutivo, y exigir por tanto la renuncia o despojar del poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte. Más bien hay un ánimo de hacer lo indispensable para dar la imagen de fiscalización, pero no profundizar en lo que la ciudadanía reclama: la salida de Pedro Castillo y elecciones generales.

Cuando la política no hace una lectura correcta de la realidad entra en el negacionismo. Esta figura fractura un elemento importante en la convivencia ciudadana, la representatividad. Los niveles de desaprobación del Ejecutivo y del Legislativo van cuesta abajo. Eso va a significar una crisis de legitimidad. Si el Congreso sigue pensando en sobrevivir, ignorando el reclamo de la sociedad de un cambio en la jefatura del Estado, lo que va a sobrevenir es la completa anarquía y con ello el derrumbe de toda la estructura elegida en el año 2021. Ese será el destino que los hechos y la historia señalan.