— Redacción Diario El Pueblo —

No solo el Gobierno Regional invirtió más de 5 millones en su plaza cívica de manera irregular, sino que se ha detectado que los integrantes de la asociación de vivienda Jardín del Colca, sustraían agua de manera ilegal para repartir a las viviendas a través de un camión cisterna

Como parte de la campaña de detección de conexiones clandestinas, personal de Control Operacional y Cobranza Judicial de Sedapar llegó hasta el Cono Norte, en el distrito de Yura, para inspeccionar la pileta pública ubicada en la “Asociación Jardines del Colca”. Allí detectaron la existencia de una red de tubería por debajo de la tierra y en una extensión aproximada de 3 kilómetros, además de un pozo de 20 metros cúbicos de capacidad y un surtidor de agua potable, instalado en un promontorio.

En el operativo realizado el fin de semana, se constató que, desde el pozo que hacía de mini reservorio, se abastecía a un camión cisterna que no tiene la certificación extendida por la Dirección de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud, lo cual pondría en grave riesgo la salud de cientos de pobladores a los que se les distribuye el recurso. Lo que no se ha logrado determinar es si esta agua era vendida a cada uno de los usuarios.

Ante el hecho, funcionarios de la empresa, con el ánimo de prevenir y cuidar la salud de la población, solicitaron la presencia de efectivos de la policía nacional para que se lleve a cabo la constatación por el uso irregular del servicio en el que habrían incurrido los directivos de la “Asociación Jardines del Colca”, quedando pendiente la corroboración de una presunta comercialización del agua, prohibida y sancionada en el Reglamento de Calidad de los Servicios de Saneamiento, aprobado por SUNASS.

De la documentación que obra en SEDAPAR se tiene que esta pileta pública fue contratada hace 6 meses, tiene la categoría tarifaria de social, registra un promedio de dos mil 500 metros cúbicos de consumo mensual.

CAMPAÑA CONTRA CONEXIONES CLANDESTINAS

Desde hace un par de semanas, voceros de la empresa de agua potable, iniciaron una campaña de detección de conexiones clandestinas en todo el ámbito urbano de la ciudad de Arequipa, recalcando que se esperan concretar 270 mil inspecciones, en varias etapas.

Señalaron que esta práctica ilícita, que se ha incrementado notablemente por la pandemia causada por el coronavirus COVID 19, está tipificada como delito de hurto agravado de servicios básicos y es severamente sancionada de acuerdo al artículo 185 concordado con el artículo 186 del Código Penal que sanciona a los infractores con penas privativas de la libertad que van de tres a seis años.