— Redacción Diario El Pueblo —

Por: José Manuel Colque

Durante su visita a la ciudad para el megaoperativo de control, el contralor general Nelsón Shack Yalta, advirtió que los errores en los expedientes técnicos de las obras que realizan diversos gobiernos locales funcionarían como medios de corrupción para encubrir transferencias de dinero adicionales.

“(Expediente técnico) Ese es el documento que muchas veces formaliza la coima. Porque en el proceso de contratación, el empresario corruptor con dádivas o sobornos tendrá que recuperar en la ejecución de obras. Por ello a través de adendas lo recuperan con creces”, explicó el funcionario.

Actualmente, existe una ley que sustenta esta evaluación. Se trata de la Ley Nº 31358, que establece medidas para la expansión del control concurrente. “Vamos a acompañar la obra desde la pre inversión. Un equipo de ingenieros especialistas mirará el expediente técnico y observarán las situaciones adversas. Los principales problemas en la ejecución de obra se dan porque el expediente técnico está mal hecho”, manifestó Shack. Esta disposición fue aprobada el 16 de noviembre del 2021. La evaluación recaerá si el servicio supera los S/ 10 millones.

Recalcó que las principales fallas que sustentan los adicionales en la ejecución de obras son los estudios mal hechos. Allí también radican las partidas sobrevaloradas o que no se necesiten.

Otra de las acciones a realizar por la Contraloría será la intervención en los cargos públicos que se dan en municipios distritales. Según Shack Yalta, en varias entidades existe nepotismo. “(En zonas alejadas) El único que tiene flujo de dinero es el municipio. Si a eso se agrega que en estos hay dos o tres árboles genealógicos, la probabilidad de encontrar nepotismo es altísima y la Contraloría tendrá que observar”, precisó.

Las acciones mencionadas deberían ser fiscalizadas por los regidores municipales. Sin embargo, existe poca o nula intervención. De acuerdo con las Ley Nº 31433, el Concejo Municipal puede designar comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público local para lo que se requiere el voto favorable de no menos del 25% del total de concejales. Shack estima que, para este año, estos funcionarios fiscalizadores sean capacitados técnicamente para dicha labor.