Por: Rubén Quiroz Ávila – Presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, profesor universitario

La cantidad de universidades privadas y públicas están empatadas actualmente. Según el III Informe Bienal de Sunedu, se da un fenómeno sumamente preocupante y que debe despertar todas las alertas de la política educativa y obligarnos a repensar los objetivos mismos de la formación universitaria.

En el quinquenio 2015-2019, el 71.1% de estudiantes universitarios matriculados en el Perú lo hacen en instituciones privadas. Esto significa que la mayoría de población joven está recurriendo a fuentes de financiamiento particulares y que es absorbida por las diversas tipologías de pensiones que existen en el circuito de educación superior. Considerando que, a pesar de estar licenciadas, están en cuestión los parámetros de calidad educativa y los indicadores que permitan objetivamente acercarnos a garantizar una educación digna y de alta eficacia. Es decir, el licenciamiento permite valorar solo las condiciones de funcionamiento, pero no necesariamente los de calidad educativa. No es lo mismo validar las condiciones básicas de funcionamiento que las condiciones de calidad.

Y, a la par, cada vez una minoría, en este caso menos del 30% de jóvenes peruanos matriculados, está estudiando en las universidades públicas. Solo 3 de cada 10. Estamos de facto ante una virtual privatización de la educación superior universitaria. Sin embargo, la situación social, con evidentes desigualdades de acceso a oportunidades para el talento nacional, generan una situación anómala en la que amplios sectores juveniles no pueden acceder ni a la universidad privada, por carestía de financiamiento, ni a la universidad pública, por su lento crecimiento en vacantes e infraestructura.

La apuesta por un giro fundamental y de absoluto compromiso con el país es brindar los recursos para que la universidad pública sea el espacio que permita absorber a los estudiantes que a la fecha han quedado excluidos del sistema educativo. Es en la práctica un sistema histórico e inaceptable de segmentación y marginalización de talento. Aquí no pierden solamente las universidades, sino todo el país al permitirse derrochar capital humano, tan urgente y necesario para la sostenibilidad nacional. Cuando un estudiante talentoso no logra acceder o permanecer en la universidad por razones de dinero, perdemos todos.

El ingreso libre a la universidad, se entiende a todos aquellos con las aptitudes y voluntad suficiente para mejorar sus capacidades, sin garantizar los recursos idóneos y eficientemente gestionados, podría ser una ilusión y un fracaso estrepitoso en cuanto a las expectativas posibles. Las universidades públicas necesitan urgentemente la mayor apuesta que podría dar un gobierno: recursos económicos y de gestión. Ese es el cambio que esperamos. Sin recursos, sin apoyo real, definitivo y decisivo, la universidad pública seguirá reduciéndose y, esa posibilidad, es inaceptable.