— Redacción Diario El Pueblo —

Familias no acceden a viviendas sociales por el excesivo costo de los terrenos, de acuerdo a análisis del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Por el alto costo de los terrenos, el Estado debería encargarse directamente de las viviendas sociales.

Invasiones aumentaron en los últimos años

Un estudio elaborado por CAPECO, realizado para los distintos niveles socioeconómicos de la provincia de Arequipa; cuestionó a las familias sobre el monto máximo que podrían pagar al momento de adquirir su vivienda, y el 70% de la demanda, señalaba que podría pagar hasta 190 000 soles. Sin embargo, las empresas privadas concentraban su oferta en viviendas con un precio superior a los 240 000 soles. Resulta interesante observar estos datos que evidencian la demanda de vivienda, así como la falta de oferta inmobiliaria que logre cubrir sus expectativas.

Según especialistas del sector inmobiliario, para que el sector privado se interese en sacar adelante proyectos de vivienda de bajo precio (conocidos como viviendas sociales), es necesario que el costo de los terrenos en Arequipa no supere los 25 dólares el metro cuadrado. Sin embargo, hoy en día las empresas constructoras al momento de adquirir los terrenos para realizar sus edificaciones deben asumir un costo por metro cuadrado superior a 100 dólares, lo cual vuelve inviable la idea de realizar proyectos de vivienda de bajo precio.

De acuerdo al análisis realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), el excesivo costo por metro cuadrado de los terrenos en la región se debe principalmente a dos razones:

La primera razón es que aquellos terrenos donde se podría llevar a cabo la construcción de viviendas sociales, en la actualidad no son zonas con saneamiento legal de agua y desagüe, debido a que muchos de estos terrenos ni siquiera se encuentran inscritos en registros públicos.

La segunda razón es que aquellas zonas donde se podrían desarrollar proyectos de vivienda social, en su mayoría, ya han sido invadidas.

Por su parte, las empresas constructoras e inmobiliarias, no se encuentran muy optimistas de ejecutar proyectos de vivienda social en zonas como Yura u otras zonas alejadas de la ciudad; dónde probablemente el costo por metro cuadrado de terreno sí podría ser más económico, pero dónde estudios como el realizado por Fondo Mi Vivienda, evidencia que no existiría una demanda. Es probable que esto se deba a las largas distancias, especialmente ante la falta de transporte público.

Lo anterior evidencia un serio problema en Arequipa, que afrontan tanto la demanda como la oferta de vivienda, pues es evidente que existe una demanda de viviendas por parte de las familias, pero el excesivo valor de dichos inmuebles las coloca fuera de su alcance. Por lo cual, muchos especialistas sugieren que es el Estado, quién debería satisfacer la demanda de vivienda de bajo costo, porque es quién posee los terrenos para construir inmuebles de este tipo, en la ciudad.

La falta de vivienda afecta a un 12% de los hogares en la región de Arequipa, y se espera que en el 2022 los precios se eleven aún más pudiendo incrementarse en 16%.

Sumado a esto, la medida cautelar contra el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) en Arequipa ha frenado inversiones de hasta 700 millones de dólares en construcción de 55 mil viviendas, lo cual también conlleva a la pérdida de alrededor de 30 mil empleos en el sector construcción.

Sin embargo, es claro que, lo anterior solo ha afectado al sector formal, pues en el sector informal las construcciones continuaron. El 50% de la ciudad de Arequipa está asentada en una zona ilegal y eso también es peligroso por los riesgos de colapso frente a temblores (50 mil viviendas aproximadamente ubicadas en zonas riesgosas). Los especialistas consideran que cerca de 10 mil viviendas arequipeñas se vendrían abajo en un eventual sismo de gran intensidad.